La aprobación en el pleno del lunes por la tarde del cumplimiento de un dictamen que insta a retirar el panel con la «cruz de los caídos» de la iglesia de Rafelbunyol para cumplir con la Ley de Memoria Histórica, ha roto (o está a punto de hacerlo) el pacto de gobierno entre el PSOE e IdRA, formación independiente escindida del PP. Mientras que los socialistas, con el alcalde Fran López al frente, votaron junto a Compromís a favor de cumplir con el dictamen, IdRA se alineó con el PP y votó en contra tras proponer la alternativa solicitada por los familiares de los fallecidos durante la guerra civil cuyos nombres aparecen en el panel: borrar del mismo las «referencias franquistas» (el «José Antonio Primo de Rivera ¡Presente!» y el «Caídos por Dios y por España») y mantener el «recuerdo» de los 39 vecinos de la localidad que fueron fusilados durante la contienda.

Durante la sesión, el portavoz de IdRA, Víctor Encarnación, se dirigió al alcalde para anunciarle que «por respeto a todos los vecinos que nos han votado y por nuestro valores tenemos que replantearnos este acuerdo (de gobierno) e incluso lo tengamos que romper». Por la mañana, y en declaraciones a este periódico, el aún concejal de Urbanismo dio por hecho que él y su compañera de grupo van a pasar a la oposición. En el pleno, Encarnación llegó incluso a señalar que en el pacto alcanzado con los socialistas en junio de 2015 se establecía el «respeto a la historia de Rafelbunyol, haciendo especial referencia a la cruz de los caídos». Ayer el alcalde no negó a Levante-EMV esta información (los detalles del pacto del gobierno nunca se han hecho públicos) pero matizó que su partido aceptó la «no beligerancia» con este símbolo franquista, cuya retirada está obligada por la ley 52/2007 de Memoria Histórica. «Nunca hemos acordado no cumplir la ley. En todo caso, acordamos no llevar la iniciativa de retirar la cruz», aseveró López.

Pero en agosto de 2015 el ayuntamiento recibió un procedimiento administrativo para eliminar todos los símbolos y menciones de la dictadura franquista. La petición venía firmada, entre otros, por el diputado socialista José Luis Ábalos. Ante esto, el gobierno local decidió crear una comisión de trabajo en la que participaban partidos y expertos y en la que se integró una nueva asociación de familiares de los asesinados en la guerra.

Fue esta comisión la que decidió en marzo pedir a la Dirección General de Reformas Democráticas de la Generalitat el dictamen sobre la aplicación de la ley en lo que se refiere al panel de la iglesia. En aquel momento, la comisión ya había decidido retirar, con el acuerdo de los familiares, otros «símbolos franquistas» como la retirada de un monolito en la calle Vicente Soriano y las placas de un mausoleo del cementerio, así como el cambio de nombre de la calle Mártires.

En el dictamen, el Coordinador de la Red de Municipios para la puesta en valor de la Memoria Histórica recomienda que el ayuntamiento retire el panel, que lo hagan profesionales para evitar su rotura, que se entregue a los familiares o lo custodie el consistorio, o que se conserve en un futuro «espacio de interpretación apropiado».

Para defender su rechazo a la retirada y apoyo a la alternativa de dejar los nombres sólo de los «mártires» de Rafelbunyol, Encarnación aseguró en el pleno que los 39 inscritos en el panel fueron «víctimas religiosas» que, como tales, están protegidas por la misma ley. «El informe no entra en la historia de las víctimas ni en la sensibilidad de sus familias», aseguró para anunciar después su disposición a recurrir a los tribunales para impedir el proceso. El portavoz del PP Miguel Saborit, que también rechazó el acuerdo y apoyó la solución alternativa, destacó las «cesiones» que ya habían asumido las familias de los «mártires» y calificó la comisión de «paripé» pues «los socialistas ya sabían que iban a quitar el panel».

En el lado contrario, Enric Carbonell, de Compromís, recordó que su partido ya solicitó en 1995 la retirada de la cruz ya que «aunque sólo estén los nombres de los vecinos de Rafelbunyol, siempre será un símbolo franquista». Y por parte del PSOE, tanto el alcalde como la edil Alicia Piquer recordaron que la decisión «no es de derechas ni de izquierdas, sino es cumplir la ley». «No ha sido una decisión fácil „reconocía Fran López a Levante-EMV„, pero se tenía que tomar». El alcalde quitó importancia al anuncio de ruptura del pacto y aseguró que no es definitivo. «Les he pedido que reflexionen y que no tomen decisiones en caliente».