La Conselleria de Viviendas, Obras Públicas y Vertebración del Territorio ha establecido un servicio de vigilancia privada, de forma provisional, en las viviendas sociales de la calle Reyes Católicos de Alfafar, con el objetivo de evitar ocupaciones irregulares y actos vandálicos en el inmueble, y preservar la seguridad vecinal. De forma paralela, la Policía Local ha intensificado el control.

Esta medida se enmarca en el Plan Urgente de Intervención Social previsto en estos pisos, que la conselleria trabaja desde hace varios meses con los vecinos y con todos los grupos municipales del consistorio. Para presentarlo, tuvo lugar una reunión en el ayuntamiento a la que fueron convocados los vecinos y a la que asistieron la directora general de Vivienda Rebeca Torró; la directora general de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), Blanca Marí; el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, y representantes de la corporación.

El plan afecta al grupo de 96 viviendas, del que la Generalitat es propietaria mayoritaria. Los representantes de la Conselleria explicaron a los vecinos que van a tener «tolerancia cero» con las ocupaciones ilegales porque «impiden a familias sin recursos que respetan la legalidad a acceder a una vivienda, al mismo tiempo que paralizan el desarrollo del programa de normalización» de la zona. Otros problemas son el vandalismo en viviendas y elementos comunes, los problemas de convivencia vecinales, las dificultades para el mantenimiento de las comunidades, la elevada morosidad y los enganches ilegales.

Para establecer una hoja de ruta, en los últimos meses se ha intensificado las inspecciones de las viviendas y la identificación de los ocupantes, y se han llevado a cabo reparaciones de urgencia en pisos públicos por valor de más de 8.000 euros, además de otros 11.000 euros para elementos comunes „ de ascensores, puertas de acceso y telefonillos». También se tramita la contratación de un proyecto de rehabilitación de elementos comunes.

Dentro de este plan urgente, la Conselleria va a apoyar la gestión de las comunidades de vecinos. Para ello, recuperará el contrato de mantenimiento de los ascensores y también, como medida excepcional, ha contratado un administrador de fincas que se encargue de la gestión de estos edificios hasta que se logre la normalización del grupo.