La Fiscalía Provincial de Valencia ha iniciado diligencias de investigación penal sobre diversas actuaciones realizadas o impulsadas por el Ayuntamiento de la Pobla de Farnals durante el anterior mandato de José Manuel Peralta (PP). En concreto, y según ha podido saber este periódico, el ministerio público solicitó el pasado 29 de julio a los departamentos de secretaria e intervención un informe sobre los proyectos de carril bici, el paso peatonal inferior de la estación y las pistas de pádel del polideportivo „todas ellas ejecutadas con ayudas de la Diputación de Valencia e inauguradas en marzo de 2015„, y sobre la adquisición del antiguo edificio de la cooperativa agrícola San José.
Estas diligencias de la Fiscalía se realizan a raíz de la denuncia presentada por el exconcejal de Vecinos por la Pobla (VPF), Jose Antonio Sorzano el pasado 30 de marzo, donde pide que se investiguen estos proyectos y (excepto en el caso de la compra de la cooperativa) su presunta relación con las tramas corruptas relacionadas con el anterior gobierno de la diputación de Alfonso Rus y las pesquisas de la Operación Taula y el caso Imelsa.
Sobre el carril bici el fiscal intenta averiguar el uso que se hizo de la subvención que concedió la diputación para el acondicionamiento de esta infraestructura, cuya primera fase (inaugurada el 31 de marzo del pasado año por el entonces vicepresidente provincial, Juan José Medina) costó 222.000 euros. En principio, este coste lo tenía que sufragar al completo el ente provincial aunque el denunciante asegura que lo hizo el ayuntamiento, al menos en su mayor parte.
El servicio de paso inferior peatonal de la estación se inauguró, por su parte, el 1 de marzo de 2015 en un acto al que acudieron el presidente de la diputación, Alfonso Rus, y la entonces consellera de Infraestructuras Isabel Bonig. En este proyecto, según se anunció aquel día, el consistorio invirtió 247.506,91 euros (por 330.00 de FGV), cuya financiación provenía de las aportaciones de los Planes Provinciales de Obras y Servicios de la Diputación de Valencia de los años 2014 y 2015. Según la denuncia que investiga la Fiscalía, tampoco en este caso las aportaciones de la corporación provincial habrían sido dirigidas „al menos en parte„ al proyecto tal como estaba estipulado.
En cuanto a las pistas de pádel, la instalación también se inauguró en marzo de 2015 en el recinto de la piscina municipal. La fiscalía también investiga la subvención de 34.220 euros concedida por la diputación para su construcción. En este caso, cabe recordar que, tal como publicó este periódico el pasado enero cuando se desencadenó el caso Imelsa que la de la Pobla era una de las pistas de pádel que podría haberse utilizado para esquilmar fondos de la empresa de la diputación a través de diversos despachos de arquitectura y consultoría que cobraron varias veces el mismo proyecto en el marco del plan de infraestructuras deportivas ideado por Rus, o recibieron pagos por servicios no prestados.
En cuanto a la compra del antiguo edificio de la cooperativa agrícola San José, esta operación tuvo lugar el 27 de marzo de 2015 y el ayuntamiento se comprometió a pagar a los socios de la cooperativa 1.127.061 euros pese a que, según figura en la documentación remitida a la fiscalía, estaba tasado en unos 870.000 euros. En este caso, cabe recordar además que el actual alcalde, Enric Palanca, ya criticó cuando estaba en la oposición que gran parte del inmueble de 2.133 metros cuadrados estaban declarados como dotacionales de uso sanitario.
