Tras más de 60 horas de comparecencias, 700 folios y largas negociaciones entre los distintos grupos del consistorio la Comisión de Investigación ha emitido sus conclusiones por unanimidad.

En el dictamen se indica que toda la responsabilidad técnica del proceso de contratación es del Jefe de Policía Eduardo Martínez Asensi, debido al incumplimiento de la ley en la redacción del pliego, mientras que la responsabilidad política recae en el Concejal de Seguridad Ciudadana José Antonio Castillejo, de quien se dice que no ha tenido «mala intención» pero sí «una actitud poco prudente» al proseguir un proceso de adjudicación sin los permisos necesarios, y por tanto desconociendo si podía usarse la uniformidad adquirida.

Para el Jefe de Policía se propone que se inicie un expediente para sancionar su conducta y que en el futuro no participe en ningún proceso de contratación del Ayuntamiento. Al Concejal de Seguridad se le retirarán las competencias en materia de contratación y convenios en el área de Seguridad Ciudadana, para evitar estas situaciones en un futuro.

Además, acusan a la Generalitat de "lentitud manifiesta, ambigüedad y falta de claridad y concreción" y se piden responsabilidades técnicas y políticas a los responsables de estas materias.

Estas conclusiones deberán ser elevadas al pleno del ayuntamiento para ser sometidas a votación, no obstante, ya en la comisión todos los grupos políticos han votado a favor de las conclusiones.

Para los populares ha quedado de manifiesto que existen responsabilidades por unas acciones muy graves que han menoscabado la integridad y la imagen del Ayuntamiento de Torrent, y esperan que se tomen medidas. Nacho Carratalá edil popular que denunció el caso desde el primer momento ha señalado que "por fin termina un asunto de enorme importancia. Este dictamen nos da la razón a los que señalábamos las múltiples irregularidades de este caso".

Por su parte, el concejal socialista Andrés Campos señala que el procedimiento contaba «con todos los informes a favor hasta el momento de la adjudicación» y destaca la «responsabilidad» en el asunto que ha tenido la Generalitat «por su falta de claridad en los informes»