El Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Valencia ha condenado a la empresa municipal de Alboraia, Egusa, a devolver a Quabit Inmobiliaria los 23,4 millones que la mercantil adelantó a la firma pública por los beneficios futuros del proyecto urbanístico de la Marina de Port Saplaya y que el entonces gobierno local del PP destinó a infraestructuras y gasto corriente pese a que el proyecto „que incluía más de 200 amarres, cerca de 800 viviendas, un hotel, un auditorio y un paseo marítimo en el lugar que actualmente ocupa el centro comercial de Alcampo„ nunca se ejecutó. En 2006 Egusa y varios inversores privados como Astroc o la familia Lladró unidos bajo el paraguas de Grupo Mediterráneo Costa Blanca (que después pasaría a manos de Quabit) formaron una sociedad mixta „Alboraia Marina Nova„ para llevar a cabo esta urbanización sobre terrenos de titularidad municipal.
La misma sentencia exime al Ayuntamiento de Alboraia a hacer frente a este pago en el caso de que Egusa no pueda hacerlo, tal como había solicitado Quabit. Tanto el gobierno el gobierno local que preside Miguel Chavarría (PSOE) como el actual presidente de Egusa, Agustín Martí, han asegurado que la empresa municipal carece de recursos económico para pagar estos 23,4 millones, más 2,3 millones de intereses de demora, por lo que el pago tendría que hacerse con propiedades inmobiliarias de Egusa, como es el suelo urbano que se iba a llevar a cabo la nueva Marina de Alboraia y en el que, por ejemplo, está previsto que en julio se celebre el festival Marenostrum Xperience.
Aun así, Egusa ya ha adelantado que recurrirá la decisión judicial e incluso confía en continuar las negociaciones que mantiene desde 2013 con Quabit para seguir con el proyecto de urbanizar el sector UE-2 Port Saplaya, aunque con menos viviendas e infraestructuras que en el plan original e incluso manteniendo el centro comercial en su actual ubicación. «La última reunión la mantuvimos antes de Navidad y, pese a la sentencia, espero que nos podamos volver a reunir la próxima semana», aseguró ayer Martí.
Tampoco Quabit parece descartar esta posibilidad. En el comunicado que publicó ayer por la mañana informando de la sentencia, la promotora inmobiliaria afirmaba que ambas partes han estado manteniendo reuniones «con el fin de buscar soluciones al desarrollo del sector» sin que «de momento» haya fructificado ningún acuerdo. Pese a este «de momento» que parece dejar una puerta abierta a que ambas partes sigan trabajando juntas (de hecho, la sociedad mixta que forman sigue vigente), Quabit también informó de que «va a instar la ejecución de la sentencia, a los efectos de poder recuperar las cantidades que Egusa le adeuda».
Aunque fue en julio de 2015 cuando se inició el proceso judicial por el que Quabit reclamaba a Egusa la devolución de los 23,4 millones de euros que adelantó al municipio para el desarrollo del Sector «UE-2 Port Saplaya», la primera vez que la inmobiliaria reclamó a su socia el pago de esta cantidad fue en febrero de 2014. En enero de ese año había vencido el plazo para ejecutar el Plan de Reforma Interior (PRI) UE-2 que debería haber desarrollado el sector para construir las cerca de 900 viviendas, un hotel, una marina, un auditorio y cientos de amarres.
El proyecto implicaba el traslado del actual centro comercial de Alcampo a la zona de huerta de Vera, un sector que en 2008 la Generalitat incluyó entre los de máxima protección dentro del primer proyecto del Plan de Acción Territorial de la Huerta (PATH), cerrando así las puertas a su reclasificación. Además, no fue hasta febrero de 2014 cuando el Estado, a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar, retiró el contencioso que había planteado en 2008 contra este proyecto urbanístico porque no habían acreditado los recursos hídricos para las viviendas e infraestructuras que contemplaba el plan original.
Si a estas dos circunstancias se añade la demora en la aprobación de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para Alboraia (lo que facilitaría la ubicación del centro comercial en suelo urbano y no de huerta protegida) y, por supuesto, la propia crisis económica y el estallido de la burbuja inmobiliaria, se entiende la desaparición del proyecto de la agenda tanto del ayuntamiento y su empresa municipal, como de la empresa privada que había asumido la ejecución del PRI.
La paralización del proyecto no impidió que el gobierno local que entonces presidía Manuel Álvaro (PP) y que también dirigía Egusa gastase esos 23,4 millones adelantados por el socio privado en concepto de beneficio mínimo garantizado y que ahora reclama por vía judicial. Según señaló el propio Álvaro en una entrevista a Levante-EMV de febrero de 2013, 8 millones se destinaron a pagar parte del soterramiento de las vías del metro y el resto a «cubrir necesidades» del ayuntamiento, pese a contar con el informe en contra del interventor.
