Alboraia, más de 23.000 habitantes, una superficie que supera los ocho kilómetros cuadrados, rodeada de huerta y cultivos de chufa, bañada por el Mediterráneo... y con una deuda que supera los cien millones de euros. Sí, con eso tiene que cohabitar el municipio alboraiero: herramientas de grandes posibilidades, como sol, playa y riqueza agrícola, entre otros, y una herencia envenenada que dejó la gestión de Manuel Álvaro (PP) durante sus mandatos al frente del consistorio.
El gran bocado de ese pastel de deuda se lo llevan dos fallos judiciales a los que deberá hacer frente las arcas municipales, en caso de sentencia firme. La primera de ellas es la referente al proyecto de soterramiento de las vías de metro a su paso por Alboraia. El consistorio, entonces del PP, y la Generalitat, del mismo partido, acordaron en mayo de 2005 un convenio en el que las dos administraciones se comprometían a pagar al 50% las obras, valoradas en unos 70 millones de euros.
El documento lo sellaron Egusa, la empresa urbanística pública municipal, y GTP, el extinto ente gestor de la red de transporte de la Generalitat. El soterramiento de las vías se inauguró a bombo y platillo antes de cerrar 2010, con el expresidente Francisco Camps a la cabeza. La firma alboraiera afrontó pagos por valor de 8,5 millones de euros, pero en enero 2013, con el PP fuera de la alcaldía y con un cuatripartito empuñando la vara de mando, devolvió dos certificaciones en concepto de gastos financieros. Meses después, el pleno aprobaba pedir al Consell que absorbiera la deuda y renegociar aquel acuerdo de 2005. La respuesta de Isabel Bonig, consellera del área, fue negativa. Entonces el consejo de Egusa dio luz verde a dejar de pagar lo que le restaba y pedir al Consell que le devolviera los 8,5 millones que había abonado.
Ante la falta de acuerdo, la conselleria de Infraestructuras, aún bajo el paraguas del PP, presentó en 2014 un contencioso administrativo contra los impagos de Alboraia. El juzgado dio la razón al Consell a principios de 2016 , condenando al ayuntamiento a pagar los 29,5 millones que adeudaba, más intereses. La Generalitat, pese al cambio de color político, reitera que no perdonará la deuda, y aunque la sentencia no es firme ambas administraciones negocian una salida en forma de pagos asequibles.
Por si esto fuera poco, esta semana el juzgado de Primera Instancia nº 6 de Valencia ha condenado a la empresa Egusa a devolver a la inmobiliaria Quabit los 23,4 millones, más 2,3 en intereses, que la firma adelantó al ayuntamiento por el macroproyecto de la Marina de Port Saplaya „con 800 viviendas, hotel, 200 amarres, un auditorio y un paseo marítimo„donde actualmente se encuentra el centro comercial de Alcampo. El plan nunca se ejecutó, pero el consistorio popular, a través de Egusa, se gastó el dinero, por ejemplo en los 8,5 millones que pagó por las obras de soterramiento del metro.
La sentencia ha sido recurrida por la empresa municipal, que ya ha advertido que no tiene liquidez para hacer frente y que tendría que 'pagar' con propiedades, entre ellos el suelo urbano donde se proyectó el PAI, ya que Egusa tiene en estos momentos sus tres edificios hipotecados con los créditos a largo plazo que solicitó para construirlos. Se trata de su propia sede, la central de emergencias de la Policía Local y el centro de día San Cristóbal. Según refleja la auditoría de la Sindicatura de Cuentas a 31 de diciembre de 2010, el importe financiado de la sede social ascendió a 3 millones a pagar hasta 2026; el centro de emergencias, 3,5 millones hasta 2027; y el centro de día 1,5 millones a abonar hasta 2022. Con todo ello, los presupuestos de 2015 „los de 2016 no están remitidos al Gobierno„contemplaban que Egusa arrastraba un pasivo superior a los 33 millones de euros, de los que casi 10 corresponden a deudas con entidades de crédito, y el resto son otras deudas a largo plazo, concretamente 23,4 millones, los que adelantó en 2006 y 2009 Grupo Mediterráneo Costa Blanca „ahora Quabit„ para el proyecto urbanístico.
30 millones para facturas
En el año 2012, asfixiado por los impagos a proveedores y facturas en los cajones, algunas del año 1999, el gobierno de Alboraia „PSPV, Compromís,UPPA y Cialbo„solicitó al Ejecutivo de Rajoy un crédito de 30 millones para liquidar la deuda. Desde entonces, el consistorio abona cada ejercicio unos cuatro millones para hacer frente al plan de pago a proveedores. Otro mordisco a las arcas municipales, con unas cuentas anuales de 18 millones.
