Tiene unos 40 años y ha pasado la mitad de su vida peleando para que su hijo, diagnosticado desde niño de hiperactividad con transtornos de conducta y comportamiento violento, tuviera asistencia y recursos públicos especializados. Tras sufrir, hace unos días, una fuerte agresión del joven que ha supuesto que se emita una orden de alejamiento, esta madre de un municipio de l'Horta ha lanzado un grito de auxilio para «las personas que tienen este tipo de enfermedad mental, ya que están desatendidas por el sistema».
En su casa se acumula un expediente de páginas y páginas con escritos, solicitudes, denuncias, quejas y otros papeles, que documentan una larga batalla, desde que el chico fue diagnosticado con dos años. «Muchos de los expertos con los que he hablado a lo largo en este tiempo me decían que estos casos solo tienen dos soluciones: o la cárcel, porque hagan algo gordo, o la muerte. Y yo me he resistido siempre a que mi hijo tuviera esas salidas», asegura.
La batalla comenzó cuando su hijo era un bebé y ya detectaron que tenía una movilidad y una tensión excesivas. A los dos años, el pediatra apuntó que podía ser hiperactivo. El pequeño causó problemas en la guardería, en el colegio de primaria y en el de secundaria, hasta el punto de que los otros padres siempre pedían la expulsión. En sus primeros años de adolescencia comenzó a consumir drogas, lo que generó otros problemas añadidos.
En ese tiempo, esta mujer solicitó en numerosas ocasiones un centro de internado con asistencia teraéutica para su hijo pero siempre recibió respuesta negativa. La situación llegó a ser tan límite que la madre tuvo que realizar un abandono oficial del menor ante el fiscal «en presencia del niño», con un escrito en el que encargaba su cuidado a la Conselleria de Bienestar Social. «Tuve que pelearme con el juzgado para hacerlo ya arriesgarme a una condena. No es justo tener que llegar a ese extremo», relata.
Esta decisión provocó que el niño pasara a un centro de menores Mont Olivet y, desde allí, a otro en Campanar. La madre valora que ninguno de ellos tenía personal especializado ni se pudo aplicar una terapia. «En algunos salía y entraba cuando quería, seguía consumiento drogas e incluso cometió pequeños delitos estando en protección por la conselleria», dice. Fruto de algunas de estas condenas, el joven ingresó en un centro de menores de Picassent, donde ha estado hasta los 18 años. «Siempre he tenido que luchar con técnicos que intenban que sacara a mi hijo de los centros y me hacían sentir culpable por haberlo abandonado», denuncia.
Cuando el joven cumplió los 18 años, acabó su etapa en Picassent y «a partir de entonces no hay más recursos, no hay centros para adultos, ni programas de pisos tutelades; vuelven con las familias sin contar con una terapia adecuada».
Los dos años que el afectado ha estado fuera del centro han sido una auténtica pesadilla para la familia. Actos violentos, amenazas, pequeños delitos y otras acciones similares cuando el joven tenía crisis han sido el pan de cada día. «Mi hijo pequeño necesita ahora ayuda psicólógica», lamenta.
El último capítulo, que acabó con una fuerte agresión del hijo a la madre en plena calle „la estampó contra el cristal de un banco y le causó daños en la cara y en la cabeza„ estuvo provocado por un asunto económico. Dado que el joven iba a recibir una indemnización de 16.000 euros, a causa de un accidente de tráfico, madre e hijo solicitaron en el juzgado una curatela para que parte del dinero fuera a cubrir las deudas que ha contraído en este tiempo. «Mi intención era que fuera el propio juzgado el que se hiciera cargo de pagar porque, si bien ese día daba su consentimiento, nunca sabes cómo va a reaccionar cuando tenga que ir a cobrarlo y los familiares no somos los que debemos enfrentarnos a ellos». Con todo, la curatela se le concedió a ella y llegado el día establecido para ir a cobrar, el joven no quiso aceptar que su madre gestionara el dinero y la agredió en la puerta del banco. «Tuve que pedir socorro y que llamaran a la Policía Local», explica. A raíz de la agresión se ha dictado una orden de alejamiento y ambos están a la espera de juicio. La madre ha renunciado a ser la responsable en la curatela y finalmente el juzgado la ha asumido. «Fui a pedirlo con la cara amoratada. Le dije al juez que tomara conciencia porque podía no haberlo contado», sentencia.
