El próximo 14 de marzo, Paula y sus hijas de 4 y 6 años tendrán que abandonar el pequeño piso de Tavernes Blanques en el que viven desde hace un año y medio. La mujer adeuda al propietario de la casa algo más de 2.000 euros de alquiler y un juez ha sentenciado que ha de desalojar la vivienda, saldar su deuda y pagar intereses y costas judiciales. En total, unos 3.300 euros. Pero la misma sentencia del juzgado de Moncada que ordena su desahucio también insta a la administración pública a «efecturar las medidas de protección necesarias» para que Paula y las pequeñas tengan un sitio en el que vivir cuando les hagan abandonar su actual casa. Pese a la orden del juez, pese a que ya hace meses que tanto ella como el consistorio han solicitado un piso de protección oficial a la Generalitat y pese a que quedan menos de tres semanas para que el desahucio se lleve a cabo, a día de hoy esta familia aún no tiene dónde ir. «Solo pido un techo para mis hijas, no entiendo por qué es tan difícil», señala Paula.
Realmente, su desahucio estaba establecido para el pasado 8 de febrero, pero el juzgado decidió retrasarlo después de que el Ayuntamiento de Tavernes le remitiese un informe sobre la situación de esta familia. Atendiendo a la sentencia, la concejalía de Servicios Sociales había solicitado a la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) una vivienda pública, ya que el consistorio no dispone de pisos sociales de su propiedad. En este municipio existen 120 pisos sociales propiedad de la EIGE (la antigua Ivvsa) y, en la actualidad, están todos ocupados.
De hecho, y por su cuenta, Paula ya solicitó uno de estos pisos de protección pública en Tavernes, pero la lista ha ido corriendo sin que nunca le haya correspondido a ella alguno. «He ido yendo y viniendo, pidiendo un piso porque sabía lo que me iba a venir -relataba ayer Paula-. Ellos saben cuál es mi situación, que no estaba pagando el alquiler, pero siempre se lo han dado a otros. Pensaba que con el desahucio en la mano, y con la orden del juez de que se me ofrezca una alternativa, por fin me iban a ofrecer uno. Pero ni así».
Sin pisos disponibles en Tavernes, y con una urgencia concretada en una sentencia judicial, Paula y el ayuntamiento pidieron a la EIGE poder disponer de una vivienda social en la ciudad de València, sobre todo teniendo en cuenta que Tavernes linda con el «cap i casal». «Así no tendría que sacar a las niñas del cole -explicaba ayer Paula-. Pero no. La EIGE me ha dicho que para optar a una vivienda social en València tengo que estar al menos un año empadronada allí».
«Es uno de los requisitos básicos que incluye el Decreto 75/2007 por el que se aprueba el Reglamento de Protección Pública a la Vivienda -confirmó ayer la EIGE a este periódico-. En cualquier caso, nuestros servicios de atención darán toda la información a esta familia para cualquier duda que se les pueda plantear».
Rosa Baixauli, concejala de Servicios Sociales, confirmó ayer que el consistorio de Tavernes también ha enviado a la entidad autonómica un informe sobre la situación de «emergencia social» de Paula y sus hijas. En él se recoge que no solo están a punto de ser desahuciadas, sino que la mujer, de 30 años, no tiene trabajo fijo y sufre problemas de salud coronarios y ansiedad. Actualmente, recibe una renta no contributiva que no llega a los 500 euros al mes. «O pago el alquiler o doy de comer a mis hijas. Cómo comprenderás, he optado por lo segundo», explica la joven.
