La Generalitat Valenciana mediante la dirección general de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje con José Luís Ferrando Calatayud al frente ha decidido no prorrogar la licencia de actividad a Tramave y por tanto no otorgar la prórroga de la DIC (Declaración de interés comunitario ). De hecho, durante las últimas semanas los concejales de Compromís en el Ayuntamiento de Picassent, Artur Hernández y Nere Tarazona, se han reunido con el Director General, militante también de Compromís, para explicarle la situación y trasladarle el descontento de la ciudadanía de Picassent ante la situación de la planta de Biogas.
Así pues, la Generalitat Valenciana ya ha comunicado a la empresa la no prorroga de la actividad. Es el momento pues, ahora que la empresa ya no tiene la licencia de actividad que otorga la Generalitat Valenciana que el Ayuntamiento de Picassent obligue al cierre de la planta y devolver la situación previa del terreno.
«Es el momento que ahora actúe el Ayuntamiento. Desde el gobierno de la Generalitat se ha hecho el trabajo que había que hacer. Ahora toca que el gobierno municipal obligue, en primer lugar, a la empresa al cese de la actividad, en segundo lugar que limpie los terrenos, y en tercero que se estudie la implantación de una nueva reglamentación municipal para evitar este tipo de actuaciones contra el medio ambiente en el término de Picassent «, han señalado los concejales de Compromís en Picassent , Artur Hernández y Nereida Tarazona.
Hay que recordar que esta sociedad contaba con la autorización otorgada por el Gobierno del Partido Popular de Francisco Camps y Alberto Fabra, que le permitieron una prórroga en la vigencia de la actividad del negocio y, además, una ampliación específica de sus funciones . Tramave, que al principio sólo se dedicaba al aprovechamiento de residuos vegetales, pudo transformar también residuos orgánicos, lo que ha provocado fuertes olores a la población y sobre todo en los alrededores de la zona de la planta.
Sentencia de cierre
Estas molestias motivaron a un denuncia por parte del ayuntamiento en 2012, cuya sentencia emitida en 2015 estimaba que Tramave debía cesar su actividad en diciembre de 2016 y pagar un canon al ayuntamiento de 194.000 euros. La empresa, sin embargo, apeló, motivo por el cual aún continuaba con su actividad.
