El Plan General de Ordenación Urbana que aprobó el pleno de Godella allá por los años 90, sigue siendo una losa para las arcas públicas en forma de expropiaciones. Tras las sentencias que condenaron al consistorio a pagar unos 8 millones a la congregación Sagrado Corazón, por los 16.702 metros de zona verde en la Devesa, y alrededor de 3 millones, por los 14.500 metros de un terreno en el Bovalar, ahora el consistorio se enfrenta a un nuevo proceso por la expropiación de más de 30.000 metros cuadrados, que podrían desembocar en el pago de más de seis millones de euros.
El PGOU de 1990 contemplaba la expropiación de 90.000 metros cuadrados de terrenos de particulares. Pasados cuatro años de la aprobación del plan, el propietario tiene el derecho de forzar el proceso expropiatorio. Es lo que hizo en septiembre de 2011 la empresa que posee más de 30.000 metros de suelo urbano junto al cementerio municipal. El plan contemplaba que más de 20.000 metros se destinaran a parque deportivo, y el resto a espacio libre. Tras presentar la petición por registro de entrada, debía esperar seis meses para entregar la hoja de aprecio con la cantidad que deseaba recibir por sus terrenos.
El problema surgió cuando la Generalitat modificó el decreto urbanístico, que retrasaba de medio a dos años el plazo de tiempo entre pedir la expropiación y presentar la hoja de aprecio. La empresa propietaria presentó primero un recurso de reposición, que no fue atendido, y posteriormente un contencioso. Mientras el conflicto se dirimía en los juzgados, el consistorio remitió al dueño un convenio urbanístico para la adquisición del suelo y evitar el proceso expropiatorio. A finales de 2013, una carta del propietario comunica al ayuntamiento que no está interesado en algún acuerdo y mantiene su intención inicial. Justo ocho meses después, el TSJ da la razón a la empresa y sentencia que el plazo a esperar para presentar la hoja de aprecio es de seis meses y no de dos años, ya que se inició el expediente cuando estaba en vigor la anterior legislación. El consistorio recurre el fallo.
Ante la nueva situación, el ayuntamiento remite una nueva propuesta a la propietaria para evitar la expropiación. Se trata de una modificación del PGOU -que actualmente está en proceso de estudio en la conselleria de Territorio- y que consistiría en unificar el terreno de la empresa con otra parcela de 21.000 metros del Bovalar, parte de los cuales han sido ya expropiados a cambio de 2,7 millones de euros más intereses por sentencia del Tribunal Supremo.
El plan pretende recalificar a uso residencia el suelo propiedad de la empresa, y al del Bovalar se le añade una parcela de uso dotacional educativo y el resto como zona verde, como contemplaba en su momento el PGOU.
En mayo del pasado año, el TSJ desestima el recurso que presentó el consistorio sobre el plazo que tenía la dueña para presentar la hoja de aprecio, por lo que alcaldía firma una resolución notificando a la propietaria que entregue la cantidad que quiere percibir por los 30.000 metros.
Fuentes municipales aseguraron que esta petición no se había producido todavía y que esperan que la empresa mueva ficha. Una vez la dueña oferte una cantidad, el ayuntamiento la acepta o presenta una alternativa, y en caso de no llegar a un acuerdo se acude al Jurado de Expropiación Forzosa y en ultima instancia a los tribunales, circunstancia que ya ha ocurrido en los dos precedentes anteriores. De ahí, que equiparando el justiprecio que concedió el juez al suelo del Bovalar con el de Les Pedreres, el coste de esta nueva expropiación podría alcanzar los seis millones de euros.
También es cierto que el ayuntamiento sigue adelante con la modificación del PGOU que recalificaría el suelo de Les Pedreres a residencial, evitando la posibilidad de expropiación aunque el proceso lo inició la empresa propietaria con otro plan vigente que le permitiría acogerse al proceso expropiatorio. Tal como señala la alcaldesa Eva Sanchis «todo apunta que el caso se resolverá en los tribunales».
Otra posibilidad es que la propietaria espere a la recalificación para vender el suelo a una constructora para desarrollar un PAI con viviendas y área comercial.
