El alcalde de Torrent, Jesús Ros, expuso ayer algunos de los mandamientos que debe tener el futuro Plan General de Ordenación Urbana: asumir sin pleitear todos aquellos condicionantes que vienen determinados por la Generalitat, como el PAT de l'Horta, zonas inundables o áreas de afección por infraestructuras; y consolidar en la medida de lo posible de forma legal los núcleos de población en zonas dispersas o diseminadas evitando su crecimiento, aplicando instrumentos que permitan dar una solución urbanística.

El munícipe además de exponer sus deseos para el urbanismo del Torrent del futuro, cargó duramente contra Compromís, socio de investidura, por hacer público el plano elaborado por la empresa redactora del PGOU y en el que pueden apreciarse áreas donde se prevé edificar o destinarlas a zona verde. «Esto es muy serio. Cómo es posible que ese documento entregado a los partidos en un consejo de administración, y no en un pleno municipal, acabe en los medios», preguntó Ros, con tono de cabreo. «Ahora los propietarios de terrenos pueden estar frotándose las manos. Nos tocará cambiar las zonas», anunció a caballo entre la broma y la sinceridad. Por su parte, el concejal Andrés Campos, también muy molesto con Compromís, acusó a la formación de «mentir» en una nota de prensa realizada «gracias a la transparencia del gobierno».

El alcalde afirmó que construir 9.036 viviendas es lo que permite el actual PGOU y no aclaró si el que se pretende aprobar en unos cuatro o cinco años «para que esté vigente otros 30», también contemplará el mismo número. «La idea del equipo redactor es alcanzar los 100.000 habitantes en 2025. Ahora debemos valorar si queremos llegar a esa cifra de crecimiento, o no, y cuando consensuemos la cifra a la que queremos aspirar, tendremos que ver el terreno que se debe reclasificar para edificar las viviendas necesarias», explicó Ros. En este sentido, avanzó que las actuales 500 hectáreas dedicadas a suelo urbano se recortarán a unas 300, destacando la «pastilla de uso terciario cercano al colegio el Vedat por la que nadie ha mostrado interés estos años».

Más de 710.000 euros de coste

El alcalde recordó que el nuevo PGOU lo inició el PP de Mª José Català en su primer mandato, concretamente en 2010. El proyecto quedó aparcado, pese a que el contrato con la empresa sigue vigente. De hecho, según Ros, se han abonado más de 301.000 euros de los 710.755 (ambas sin IVA) que por el momento ha facturado la empresa. Fue el consejo de Nous Espais, ya en época socialista, el que contactó con la empresa para retomar el plan, ahora diseñado en su primera fase.