El Ayuntamiento de Manises también debe recibir una compensación por albergar en su término una planta potabilizadora de agua que no es para suministro exclusivamente local sino que forma parte de la red metropolitana de abastecimiento. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana ha emitido una sentencia en la que reconoce al municipio ese derecho y anula el acuerdo por el que se le retiró. La consecuencia es que el consistorio tendrá que recibir ahora de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) dos millones de euros, correspondientes a cuatro ejercicios, al igual que se estableció en un fallo anterior para Picassent.
Este canon se aprobó por el pleno de la Emshi en el ejercicio 2006 como fórmula para compensar «los efectos externos negativos en el servicio de prestación del agua potable en alta». En total se decidió una cantidad anual de 957.065 para ambos municipios. Posteriormente, en diciembre de 2011, la presidencia de la Emshi llevó al pleno una propuesta para suprimirlo en base a un informe de secretaría e intervención de la entidad en el que se señalaba que en el acuerdo anterior no existió informe jurídico que lo justificara. También se aludía a la disminución del consumo de agua, que afectaba a la financiación del servicio, por lo que la eliminación del canon se vio como una forma para no tener que subir las tarifas.
El acuerdo provocó alegaciones y recursos de ambos consistorios afectados, que fueron desestimadas, y el canon se suprimió, de forma definitiva, a raíz de un acuerdo de febrero de 2012. Los dos ayuntamientos acabaron en el juzgado en procedimientos separados y han seguido caminos similares. De este modo, Manises perdió el primer contencioso-administrativo en junio de 2014 (al igual que Picassent, en esa primera instancia) y ahora ha obtenido sentencia favorable del TSJ. En el caso de Picassent, la sentencia se remonta a enero de 2016 aunque fue firme en junio de ese año, por lo que, tras un tira y afloja con la Emshi, ya ha cobrado el dinero. El tribunal reconoció a Picassent el derecho a percibir la cantidad acordada en 2006 «hasta que sea sustituido por otro sistema, con efecto desde su supresión».
En el fallo referido al consistorio de Manises, los magistrados apelan a la «unidad de doctrina y seguridad jurídica» para basarse en los mismos argumentos que en la sentencia anterior. Y en este caso se estima el recurso de apelación del Ayuntamiento de Manises contra el acuerdo de la Emshi, que queda anulado «y se reconoce como situación individualizada el derecho a que se abone al apelante la cantidad fijada en el acuerdo de julio de 2006». La única diferencia entre ambas sentencias es que la segunda, por los cambios legislativos producidos, no se convierte en firme de forma automática, sino que contra ella cabe recurso de casación anter el Tribunal Supremo, según se establece la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
El alcalde de Manises, Jesús Borrás (Compromís), se mostró ayer prudente en sus valoraciones sobre la sentencia porque «todavía no es firme y la Emshi ha presentado un recurso». El mandatario indicó que «en función de cómo se desarrolle ses proceso, decidiremos las acciones que emprendemos desde Manises, y si reclamamos la ejecución de la sentencia con el pago de la deuda o esperamos». Con todo, Borrás se mostró satisfecho del contenido de los fallos para ambos ayuntamientos. «El recurso lo interpuso el anterior gobierno pero estábamos totalmente a favor», dijo.
