Más allá de la primera gran manifestación de la educación concertada hace semanas para protestar por el recorte de unidades en bachillerato para el próximo curso, otros centros de la comarca elevan sus quejas por la supresión de aulas en otros tramos educativos como la secundaria o los ciclos formativos.
En el caso del colegio Nuestra Señora del Socorro de Benetússer, el arreglo escolar del curso 2017-2018 suprime una unidad en secundaria «sin ningún motivo», segun algunos miembros de la comunidad educativa que recuerdan que son «un colegio de gente humilde y trabajadora que ha permitido estudiar bachillerato a muchos jóvenes, incluso en horarios nocturnos, desde hace 56 años». El centro nació como antigua sección filial, solicitada por la propia Administración para admitir alumnado cuando no existían otros colegios en la zona y llegó a contar con 2.000 alumnos, según indica Juanjo Gavilán.
Para ello, se realizaron inversiones y se contrató a personal. No obstante, fuentes de la comunidad educativa recalcan que «la matrícula ha ido mermando durante los últimos años, no por falta de alumnado sino por cierre de unidades que año tras año han reconvertido el centro». En años anteriores perdió seis aulas (cuatro de ESO y dos de Bachillerato) y ahora se enfrenta al cierre de otra unidad, con lo que queda con «poco más de 1.000 alumnos».
Las mismas fuentes indican que en las alegaciones presentadas a la Conselleria de Educación se esgrime que existe «matrícula más que suficiente que justifique el funcionamiento de tres aulas de 1º ESO» ya que tienen 58 alumnos matriculados en sexto, once repetidores de primero de secundaria y otras 21, que suman 90 alumnos para tres grupos de primero de ESO. No entendemos el porqué del cierre de la unidad.
Fuentes del sector de los padres y madres piden a la conselleria que acepte las alegaciones para poder atender las solicitudes y para seguir ejerciendo «la reconocida función social y de ayuda durante muchos años a la educación y por el prestigio y la labor desarrollada en Benetússer y los pueblos de l'Horta Sud». Gavilán pide que «el criterio de la educación de calidad y esfuerzo que nos define y la libertad de elección de los padres prevalezca sobre la compensación de aulas vacías en otros centros». La comunidad educativa valora manifestarse.
Por su parte, Juan Antonio Martínez, director general de la Escuela Profesional de La Salle, en Paterna, desgranó el recorte que sufrirá el centro en los dos próximos cursos y sus consecuencias. De cara al ejercicio 2017/2018, la conselleria elimina media aula en Secundaria de Educación Especial para la Integración (se trata de horas dedicadas a los alumnos con necesidades especiales), y los primeros cursos de FP en las titulaciones de Instalaciones Eléctricas y Automáticas (grado medio), Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos (grado superior) y Administra y Administración y Finanzas (grado superior). Y de cara al curso 2018/19, se suprimirán los segundos cursos de las titulaciones eliminadas el próximo ejercicio, con lo que desaparecerá la oferta de grado superior. En el FP La Salle, que en septiembre cumplirá el 50 aniversario, cursan actualmente unos 870 alumnos y el recorte global afectará a unos 200 (120 de FP y el resto de Educación Especial para la Integración), según los cálculos del director general.
Martínez explicó que los argumentos de Educación para el recorte son «no tener autorización administrativa» para el aula de Educación Especial, «cuando aparece publicada en el DOCV de 2008». El director general señala que «pedimos tener dos aulas, pero no solo no nos dejan las que tenemos sino que nos recortan media». En cuanto a la FP, las titulaciones de Instalaciones Eléctricas y Automáticas y la Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos requieren de 13 alumnos «y a día de 5 de mayo en el proceso de preinscripción había 11. En cambio en el de Administración y Finanzas, el mínimo son 17 y había 20, y también lo retiran». Martínez apunta que «el mayor volumen de matriculación es en septiembre y es ahí cuando debería evaluarse y a día de hoy ya cumplimos con el mínimo que pide la conselleria».
El centro presentó alegaciones por el recorte «pero fueron desestimadas». Ahora, «solo queda la batalla judicial con todas las consecuencias, y llegaremos hasta donde tengamos que llegar», advirtió el director general. De cara al futuro, ve complicado ofrecer los grados eliminados de forma privada y pese a que «por prudencia no puedo avanzar cuántos profesores perderán su empleo, si habrá un número considerable». En este sentido, lamenta que «dejaremos de poder atender a mucha gente de Paterna» (el 76% de alumnos de FP son del municipio) y se sienten «desamparados por la falta de apoyo del ayuntamiento».
