La Mancomunitat de l'Horta Sud ha aprobado reclamar a la Generalitat Valenciana que absorba al colegio de educación especial la Unión de Torrent dentro de sus red de escuelas públicas, para asumir su financiación de manera directa. Además, en el pleno extraordinario del miércoles, la corporación aprobó el convenio con Conselleria d'Educació por el que se transfieren los fondos para costear el servicio. La convocatoria fue con carácter de urgencia para tratar este tema, puesto que estaba en riesgo el centro educativo por cierre, debido al retraso en llegar los fondos. El colegio está gestionado por una asociación de padres. Los terrenos donde se ubica la escuela son propiedad del consistorio torrentino que los cedió a la Mancomunitat para su explotación.
A pesar de que todos los miembros del pleno de la Mancomunitat de l'Horta Sud (alcaldes y ediles) aprobaron la firma del convenio, no fue tan sencillo llegar a este acuerdo. La premura con la que se convocó el pleno extraordinario provocó que los técnicos del ente comarcal no enviaran la documentación necesaria para que los miembros revisaran el convenio a que se iba a aprobar. Un fallo reconocido por los responsables. Aunque la interventora leyó la propuesta que se sometía a votación durante la asamblea, la ausencia de los papeles que no fueron enviados junto a la notificación del pleno, hizo que Compromís se abstuviera inicialmente en esta votación. El conjunto de alcaldes de la formación no querían aprobar algo que no habían leído por cuestiones de rigor y pidieron un retraso de la decisión. Una petición que el Partido Popular rechazó, confirmando su apoyo al PSOE en esta decisión. Tras un receso de quince minutos provocado por esta queja, se facilitó la documentación necesaria y el punto fue aceptado por la totalidad de sus integrantes.
Una polémica que se podría haber solucionado si se hubiera tratado con anterioridad según Isabel Martín, vicepresidenta de la Mancomunitat de l'Horta Sud y alcaldesa de Paiporta por Compromís. «No es un tema que haya surgido de repente, se podría haber reenviado la documentación esa misma mañana», contaba Martín a Levante-EMV. «Nosotros entendíamos la situación y queríamos que la propuesta saliera adelante porque era necesaria, pero yo no puedo aprobar algo que no he leído, tengo esa costumbre», continuaba la edila. Una opinión que refuerza Jesús Monzó, alcalde de Catarroja y también del mismo partido político, al decir que «en cualquier sitio no voto nada que no pueda ver, una vez lo hicimos no hubo ningún problema».
Por otra parte, la Mancomunitat tiene también otros dos servicios de la que es propietaria que suponen competencias impropia: el centro ocupacional de Aldaia (cuya gestión está encomendada a un consorcio formado por la Mancomunitat, el Ayuntamiento de Aldaia y la entidad Acypsa) y el 9 d'Octubre (que gestiona el Patronato Reina Sofía). Ambos están subvencionados por la Conselleria de Igualdad y Políticas inclusivas. La Mancomunitat trabaja ahora en la regularización de la situación. En el caso del primero, el Consell ya ha licitado el servicio por lo que, una vez se adjudique, dejará de ejercer de mediadora. Para el 9 d'Octubre, está en trámite el proceso para que el consistorio y la Mancomunitat renuncien a la gestión y cedan al Patronato las instalaciones para que reciba directamente los fondos de la conselleria y gestione el centro.
