La mesa de investigación sobre la gestión y contrataciones de la empresa municipal Gespa, de la que forman parte todos los partidos políticos representados en el pleno de Paterna, ha aprobado citar para que comparezca en la comisión al actual alcalde Juan Antonio Sagredo (PSPV) y a sus antecesores en el cargo Lorenzo Agustí y Elena Martínez (PP). Tras aprobar ayer la citación a estos y otros comparecientes, el secretario de la mesa se pondrá en contacto con ellos y tratará de establecer fechas para que acudan a contestar las preguntas de la mesa. Tal como recalcó ayer la presidenta de la misma Núria Campos, no están obligado a a acudir ni a contestar a todas las preguntas.
Además de los tres últimos alcaldes de Paterna, serán llamados a comparecer el actual presidente de la mercantil municipal -el teniente de alcalde Juanma Ramón (Compromís)-, y dos directivos de la sociedad en época del PP: el exedil popular Lázaro Royo (que fue director de servicios y adjunto a la gerencia) y el anterior jefe de recursos humanos, Francisco Hernández.
Además, se someterán a las preguntas de los miembros de la mesa (siempre que, como el resto, acepten la invitación) los actuales directivos nombrados por el PSPV Fernando Alabadí (gerente de marketing y adjunto a la gerencia), Jorge Albusac (director de servicios) y Francisco José García Martínez (director de recursos humanos). También será llamado a la mesa Rogelio Rubio, asesor del actual presidente Juanma Ramón. Por último la mesa ha convocado también al actual gerente de Gespa (y anterior gerente de la intervenida Sumpa) Jorge Silvestre, y la secretaria general del ayuntamiento.
Las sospechas de Cs y PP
Precisamente, un informe de la secretaria general es el que ha dado origen a esta mesa de investigación, que fue solicitada en junio de 2016 por Ciudadanos para vigilar las supuestas irregularidades que la habilitada nacional habría detectado en la contratación de los altos puestos de dirección por parte del entonces gobierno socialista de Sagredo. Cuando la petición de Cs se presentó al pleno, el PSPV presentó una enmienda para ampliar el foco de la investigación a toda la gestión de Gespa desde su fundación en 2009, cuando el alcalde era Lorenzo Agustí. Todos los grupos municipales aprobaron la propuesta.
En aquel informe la secretaria y el oficial mayor contestaban sobre la legalidad de las contrataciones de los actuales directivos de Gespa tras el despido de los anteriores alegando la amortización de sus puestos de trabajo por razones productivas y organizativas. A este respecto, los habilitados señalaban que las contrataciones de Alabadí, Albusac y García Martínez «entran en contradicción con la propia argumentación que la empresa efectúa en las respectivas cartas de despido, en las que se argumenta acerca de la innecesariedad de los puestos de trabajo de referencia». También subrayaba este informe que «la contratación de personal debe garantizar principios básicos como la publicidad, transparencia, imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección» y que «no constaba que la empresa haya cumplido con dicho mandato».
Esta será, seguramente, la materia a la que tendrán que responder los actuales dirigentes del ayuntamiento y los directivos de la empresa. Posiblemente, los representantes de Cs y PP en la mesa también les inquirirán por otros asuntos surgidos en el actual mandato como la como la encomienda del mantenimiento de las vías públicas a una empresa, por un montante de 850.000 euros, a pesar del informe desfavorable de la secretaria general del consistorio, que ya está siendo investigada por la Fiscalía tras una denuncia de los populares.
Otro asunto por el que se le podría preguntar a los actuales dirigentes y al director de servicios Jorge Albusac es el de la creación por parte de este último de una empresa de obras cinco meses después de ser nombrado en su actual cargo. O también sobre la creación de la plaza del actual asesor de Juanma Ramón que en su día fue criticada por el PP.
Adjudicaciones directas del PP
Aunque la Mesa de Investigación haya tardado casi un año en elegir a los políticos y directivos que comparecerán para contestar a las preguntas sobre Gespa, también miembros del actual gobierno han mostrado en varias ocasiones sus ganas para que la gestión de esta y otras empresas municipales como DLP o Sumpa se explicara en público por parte de sus responsables en época del PP.
Así, uno de los asuntos que seguramente se le plantearán a los exalcaldes Lorenzo Agustí y Elena Martínez es el de las contrataciones por parte de Gespa y las otras dos mercantiles de informes externos al despacho jurídico Broseta Abogados SL. Según denunció Compromís en diversas ocasiones, el anterior gobierno popular entregó a esta empresa 1,2 millones de euros a través de contratos directos -es decir, sin pasar por concurso público previo- entre los años 2008 y 2013. También cuando estaba en la oposición, el actual alcalde Juan Antonio Sagredo exigió crear una comisión de investigación ante «las dudas que existen sobre la privatización del alumbrado público, los gastos de Agustí en China, o los contratos fraccionados a Broseta».
Sobre la contratación de personal, el pasado marzo el actual presidente de Gespa, Juanma Ramón, aseguró que en los primeros años de la empresa «llegó a haber más de 70 afiliados al PP trabajando allí.
