La cordectomía, intervención quirúrgica que consiste en extirpar las cuerdas vocales del perro para evitar que ladre, era una práctica legal hasta bien poco en España y solo era sancionable en determinadas comunidades autónomas. Amparado en la reciente ratificación del convenio europeo sobre protección de animales de compañía de 1987, que prohíbe dichas operaciones quirúrgicas a mascotas con fines no curativos, un juzgado de València ha condenado ahora a un vecino de Torrent a un año de prisión por un delito de maltrato animal continuado dada la crueldad de dicha práctica. Además en su caso se da la circunstancia de que el propietario de los animales tenía un criadero ilegal con una treintena de canes, de razas chihuahua y ratón de Praga, hacinados en jaulas en un balcón de apenas cuatro metros cuadrados.
El acusado reconoció los hechos ayer en el juicio celebrado en el Juzgado de lo Penal número 18 de València, con sede en Torrent.
Asimismo, su mujer, que también se enfrentaba a un año de cárcel, admitió su parte de responsabilidad y aceptó una multa de 240 euros. Ambos se dedicaban a la cría de perros en su domicilio de Torrent para su posterior venta, sin contar con la correspondiente autorización municipal y sin haber solicitado nunca la declaración de núcleo zoológico. Para ocultar dicha actividad ilegal a terceros el ahora condenado cortó u extirpó una o las dos cuerdas vocales de al menos la mitad de los canes que almacenaba en jaulas, para que así no pudieran ladrar.
Según el escrito de la Fiscalía de Medio Ambiente, fruto de la cordectomía «los animales se vieron privados de su capacidad de comunicación, lo que supone una evidente pérdida de calidad de vida y afecta gravemente a su salud y comportamiento».
Vendía los cachorros por internet
El caso fue destapado por la Policía Local de Torrent en mayo de 2014. Los agentes realizaron una entrada y registro en el domicilio de los acusados. Allí encontraron, en un pequeño balcón, 31 perros enjaulados, cajas de medicamentos y vacunas que solo pueden ser suministradas por veterinarios, y multitud de documentación que acreditaba la cría masiva de cachorros y su posterior venta por internet. «Los animales se encontraban en unas condiciones higiénicas lamentables, hacinados en jaulas y transportines, y tapados con una tela negra que impedía, en gran medida, la entrada de luz del día», según consta acreditado en la sentencia.
Las protectoras Fauna y Flora S.O.S de Chiva y la Fundación Jadoul Mes Que Gossos de Cheste se hicieron cargo de los animales. Responsables de ambas destacaron la labor y sensibilidad ante este tipo de casos de la Policía Local de Torrent, la Fiscalía de Medio Ambiente de València y los letrados de la acusación particular.
Además de la pena de un año de cárcel la jueza impone al principal acusado la inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de los mismos durante un plazo de tres años. Para la coautora la prohibición es de seis meses. Preguntados antes de finalizar la vista por si actualmente poseen algún animal, ambos negaron tener mascotas. «Anoche entró un murciélago en casa pero lo saqué enseguida», apuntó la acusada. Si se les localizara con algún animal serían detenidos por un delito de quebrantamiento.
