Un proceso de concurso público para plazas de la Policía Local de Paiporta que comenzó en 2009, va a quedar anulado en 2017 tras cambios en las bases, exámenes, aprobados y suspensos, recursos de reposición, contenciosos administrativos y un informe del Consell Jurídic Consultiu que avala «la revisión de oficio» y la «declaración de nulidad» de los decretos firmados por el entonces alcalde popular Vicente Ibor.

Vayamos por partes. En 2009, la Oferta de Empleo Público aprobada por el consistorio paiportino figuran dos plazas de agente de la Policía Local. Sin saber muy bien por qué, en 2011 se aprueban dos decretos (el 173 y el 174/2010) por los que se modifican las bases iniciales y se licitan dos nuevas convocatorias: por un lado, una plaza por «consolidación de empleo» y, por otro, cinco vacantes, divididas en una por «procedimiento de movilidad» y cuatro de turno libre. Los decretos se firmaron, pese que secretario y técnica de personal advirtieron que se estaban licitando más plazas de las permitidas.

Recurso y contenciosos

El proceso de la oferta por consolidación de empleo quedó paralizado, mientras que el otro quedó finiquitado en abril de 2015 con los cinco agentes aprobados. El problema vino cuando uno de los aspirantes que no logró plaza presentó un recurso de reposición alegando, entre otros motivos, que «el número de plazas de la convocatoria es superior a las ofertadas en la OPE». El secretario aceptó el recurso y el alcalde Ibor, sin respaldo jurídico y con las elecciones de 2015 ya perdidas, anuló las plazas excedentarias. Es decir, asignó el puesto de movilidad y uno de turno libre con la mejor nota.

Los tres aprobados que se quedaron sin plaza presentaron sendos contenciosos contra el decreto del alcalde que aceptaba el recurso de reposición del agente suspendido. El tribunal dio la razón a los policías, obligando al consistorio readmitirlos, tras el pertinente curso en el Ivaspe. Entre los argumentos esgrimidos por el juez destaca que Ibor no podía eliminar un acto administrativo con un decreto, sino a través del ordenamiento jurídico.

Ante tal tesitura el nuevo equipo de Gobierno encargó al Consell Jurídic Consultiu que emitiera un dictamen para actuar en consecuencia. Esa resolución sostiene que «procede la revisión de oficio y la declaración de nulidad de los decretos de alcaldía por los que se aprobaron las bases» de 2011.

De funcionario a interino

Ahora, el pleno aprobará la próxima semana la revisión de oficio y situará el proceso en 2011, antes de la modificación de Ibor, con la salvedad de que las dos plazas de empleo público se han perdido al caducar la oferta (se publicó en 2009 y tienen vigencia de tres años). De todas formas el consistorio espera sacar un nuevo concurso próximanente. Por el momento, los cinco aprobados se quedan sin el puesto que lograron por examen. Los tres que recurrieron a la justicia y el que consiguió el puesto seguirán de interinos en sus municipios, mientras que la agente con vacante por turno de movilidad deberá regresar a su pueblo como funcionaria. El proceso referente a la asignación de empleo por consolidación también queda anulado.