A partir del 1 de julio el Ayuntamiento de Picassent va asumir la gestión del Mercat Municipal, hasta ahora llevada por la Asociación de Vendedores. Los comerciantes, que tenían la gestión hasta 2033, tienen previsto presentar hoy, por ese motivo, una demanda por la vía de lo contencioso administrativo para paralizar el decreto y, a su vez, pedir 480.000 euros al ayuntamientos «por los daños causados por la rescisión de contratos», señalan desde el colectivo. Algunos vendedores, por su parte, también denunciarán al ayuntamiento por no permitirles seguir con el contrato firmado con la asociación.
Fue el 17 de mayo cuando la Junta de Gobierno Local aprobó la resolución sobre la modificación del uso privativo de las paradas del Mercat Municipal para que el ayuntamiento asuma la prestación directa de los servicios, repercutiendo su coste en los paradistas. Esta medida, según el ayuntamiento, se llevó a cabo para resolver los conflictos surgidos entre los vendedores, algunos en desacuerdo con la gestión de la Asociación.
El ayuntamiento recuerda, y así se refleja en la resolución, que a través de servicio de mediación del Ilustre Colegio de Abogados, convocó una reunión el 4 de mayo de 2016 donde asistieron la mayoría de titulares y se acordó por unanimidad que el consistorio asumiera la gestión directa del mercado por entender «que ello desbloquearía muchos problemas internos y se podrían abaratar costes». Reunión que según el consistorio motivó el decreto que se hará efectivo el 1 de julio y que arrebatará la gestión del Mercat a la asociación.
El colectivo de comerciantes, sin embargo, asegura que «en esa reunión solo asistieron los vendedores afines al ayuntamiento» y que se le ha quitado la gestión «a través de un decretazo de la alcaldesa sin comunicación alguna a la entidad, sino mediante una comunicación a los titulares del puesto. La asociación no ha recibido la revocación de la resolución de la gestión que tiene concedida desde mayo de 2013 hasta junio del 2033», aclaran desde el colectivo.
La asociación desmiente que se abaratarán costes, sino que defienden lo contrario. «El consistorio pretende que paguemos los gastos de todos los puestos cerrados con una desocupación en estos momentos del 40% que va a aumentar porque dos paradas ya se han ido y otras cinco están buscando otra ubicación a partir del 1 de julio, quedando apenas 10 de las 21 vacantes».
Por su parte, la alcaldesa Conxa García asegura que se rebajarán los costes. «Hemos conseguido un nuevo servicio de limpieza más barato y no podemos abaratar todo lo que queremos porque la asociación se niega a darnos los contratos de mantenimiento que tiene en vigor, ya que estamos dispuestos a asumir la mitad de año que les queda por pagar porque imaginamos que los contratos serán anuales», señala.
Grandes desavenencias
Al asumir la gestión intenta, el consistorio pretende resolver los conflictos existentes entre los comerciantes. Así, muchos de los comercios se quejaban de que la asociación no les prestaba servicios básicos como la desinsectación, o la colocación de toldos aunque el mayor conflicto se dio cuando se requirió la presencia de la policía para abrir el mercado los martes por la tarde, antela negativa de la asociación que solo permitía los viernes.
La Asociación, por su parte, asegura que estos servicios no se prestan a las paradas que mantienen deudas, «que hemos tenido que reclamar ante los juzgados ante el desamparo del ayuntamiento».
