El Ayuntamiento de Picanya ha instado a la propiedad de una vivienda situada en la calle Sant Josep a replantear el proyecto que había presentado para demoler y reconstruir esta casa de la trama histórica, de forma que se mantengan elementos esenciales como la fachada.
Esta decisión tiene su origen hace un año en la denuncia que formuló Compromís de Picanya ante la dirección general de Patrimonio, en la que alertaba de los valores del inmueble que podía desaparecer, como ya publicó este diario. Según la documentación a la que ha tenido acceso Levante-EMV, la protección ambiental que tenía la casa en el PGOU permitía el derrumbe y reposición. No obstante, los inspectores de Patrimonio en una visita mostraron su desacuerdo y finalmente emitieron un documento en el que se recomendaba al ayuntamiento reestudiar la protección que tenía la vivienda junto con las dos del entorno antes de autorizar «cualquier actuación irreversible».
Para ello, el ayuntamiento encargó un informe externo sobre los valores del inmueble cuyas conclusiones también destacan que se ha de elevar el nivel de protección que tiene ese conjunto.
De este modo, este estudio dice que para tres edificios anexos de esa calle se ha de modificar la protección de ambiental a parcial. La razón es que, tras examinar la trama urbana de esa zona de Picanya, se detecta que «este tipo de protección -la ambiental- aparentemente restrictiva, permite intervenciones de sustitución cuya estética dista mucho de la imagen de las típicas casas de pueblo del casco histórico» por lo que, de mantenerse, acabarían reemplazándose, poco a poco, todos los inmuebles de la calle Sant Josep, que es «uno de los ejes históricos principales del casco histórico originario de Picanya».
El informe externo recomienda, además de elevar la protección, optar por soluciones que permitan mantener o recuperar elementos originarios de la fachada y mantener la volumetría de los edificios, cuyo origen sitúa en el siglo XVIII, por su tipología.
Tras este informe, Patrimonio consideró «adecuada» la recomendación de modificar la protección, además de instar al ayuntamiento a «adoptar cuantas medidas urbanísticas sean necesarias» hasta que se realice esa modificación del catálogo. Además, la dirección general recuerda al ayuntamiento que ha de adaptar ese documento a la ley.
Por ello, la Junta de gobierno local de Picanya acordó condicionar la licencia de obras a que la propiedad «ajuste el proyecto a las condiciones» contenidas en el informe.
