El proceso de selección de varias plazas de agentes de la Policía Local de Paiporta se está convirtiendo en un serial con más episodios que un culebrón venezolano. El enésimo capítulo se rodará en el Juzgado de Torrent en noviembre con la declaración como investigadas -antes imputadas- de la alcaldesa Isabel Martín y la concejala de Seguridad, Beatriz Jiménez, por supuesta prevaricación administrativa, por no acatar una sentencia de lo Contencioso Administrativo que obligaba a readmitir a tres policías que lograron la plaza por concurso y que el PP de Vicente Ibor eliminó por decreto.

El caso se remonta a 2009. La Oferta de Empleo Público (OPE) contemplaba incorporar a dos agentes de Policía Local. En 2011, el entonces alcalde Vicente Ibor (PP) aprueba dos decretos (el 173 y el 174/2010) por los que se modifican las bases iniciales y se licitan dos nuevas convocatorias: por un lado, una plaza por «consolidación de empleo» y, por otro, cinco vacantes, divididas en una por «procedimiento de movilidad» y cuatro de turno libre. Los decretos se firmaron, pese a que secretario y técnica de personal advirtieron que se estaban licitando más plazas de las permitidas.

La oposición concluyó en 2015, con los cinco agentes aprobados, mientras que el proceso por consolidación no llegó a celebrarse. Fue un aspirante que no logró plaza el que inició todo este conflicto al presentar un recurso de reposición alegando que «el número de plazas de la convocatoria es superior a las ofertadas en la OPE». El secretario municipal aceptó el escrito y el alcalde Ibor, sin respaldo jurídico y con las elecciones perdidas, anuló las plazas excedentarias mediante un decreto de alcaldía. Es decir, asignó el puesto de movilidad y el de turno libre con la mejor nota, dejando sin vacante a los otros tres aprobados.

Estos tres agentes presentaron un contencioso contra el decreto de Ibor. El tribunal dio la razón a los policías a finales de 2016, obligando al consistorio readmitirlos, tras el pertinente curso en el Ivaspe. Entre los argumentos esgrimidos por el juez destaca que el alcalde no podía eliminar un acto administrativo con un decreto, sino a través del ordenamiento jurídico.

Fue el nuevo gobierno de Paiporta -Compromís-PSOE-PodEU- el que se encontró en la disyuntiva de aceptar el fallo o recurrirlo. Pero decidió abrir una tercera vía, encargando un dictamenn al Consell Jurídic Consultiu para actuar en consecuencia. La resolución instaba a «proceder la revisión de oficio y la declaración de nulidad de los decretos de alcaldía por los que se aprobaron las bases». Es decir, que el CJC abogaba por volver a 2011, comenzar el proceso de cero y eliminar las cinco plazas que ya tenían nombres y apellidos. Y así se hizo. En un pleno extraordinario celebrado el pasado 26 de junio el equipo de gobierno sacó adelante el único punto del día y revocaba un proceso selectivo «lleno de irregularidades y que demostraba una forma de gobernar fraudulenta», defendía Jiménez en su intervención.

Con este nuevo escenario,los agentes afectados acudieron a la Fiscalía y denunciaron a Martín y Jiménez por supuesta prevaricación administrativa. En su denuncia argumentaban que «existió por parte de las denunciadas irregularidades claras y manifiestas en el proceso» al existir «una sentencia del juzgado contencioso administrativo que da la razón a los denunciantes y que la corporación local ha ignorado dictando otra resolución (la del CJC) para evitar el cumplimiento del fallo». La Fiscal Jefe trasladó el escrito a Torrent y el magistrado del Juzgado de Instrucción Nº2 ha abierto diligencias y ha citado a declarar como investigadas a las dos dirigentes de Compromís, además de llamar como testigo a los agentes y al secretario del ayuntamiento.