Cuando el equipo de Gobierno de Paiporta revisó de oficio el pasado 26 de junio el proceso de selección de personal de cinco plazas de Policía Local declarándolo nulo, tenía el claro objetivo de solucionar «una oposición fraudulenta y repleta de irregularidades», convocada por el PP seis años antes. Pero como en casi toda decisión, se producen daños colaterales. En este caso han sido los cinco agentes que lograron por concurso un puesto como funcionarios de carrera, y que ahora no tienen.
Uno de ellos es Laura C. M. Fue la agente que consiguió la plaza por Turno de Movilidad. Los otros cuatro lograron el puesto de turno libre. La policía era funcionaria de carrera en Llombai desde 2002. En abril de 2015 tomó posesión de la plaza de Paiporta tras aprobar el examen, renunciando a la que tenía en el pueblo de la Ribera Alta, como marca el Decreto 88/2001 de la Generalitat. Tras el pleno extraordinario de junio y con la declaración nula de todo el proceso selectivo, Laura se encuentra sin una plaza donde poder desempeñar su trabajo. La agente está en tratamiento médico por ansiedad y depresión desde entonces.
La afectada se ha sumado a la denuncia presentada en Fiscalía por otros dos agentes contra la alcaldesa Isabel Martín y la concejala de Seguridad, Beatriz Jiménez, por supuesta prevaricación al iniciar el proceso de revisión de oficio de las bases de la oposición «en una fecha muy posterior a que la sentencia adquiera firmeza, con la clara intención de incumplir la misma», sostiene en el escrito a la Fiscalía.
La agente se refiera a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso, que en fecha 20 de septiembre de 2016 dio la razón a los tres agentes que se quedaron sin plaza porque al concluir el examen un suspendido presentó un recurso de reposición argumentando que la Oferta de Empleo Público solo permitía licitar dos puestos y no cinco, como modificó el PP de Vicente Ibor. El secretario dio razón al opositor e Ibor eliminó tres de las cinco plazas por decreto. Según la denunciante, «la sentencia adquirió firmeza el 2 de diciembre y en febrero finalizaba el plazo de ejecución. De lo que se desprende sin género de duda que la solicitud al Consell Jurídic Consultiu -cuyo dictamen avaló declarar nula la oposición- fue en fecha muy posterior al deber de ejecución de una administración de las sentencias judiciales».
Relación con un opositor
Así, Laura C. M. apunta en su escrito a la Fiscalía, que la revisión de oficio «perjudica, no solo a mí, sino al resto de aspirantes aprobados, en beneficio de la persona con la que la concejala Jiménez mantiene una relación de amistad íntima, precisamente quien suspendió la oposición y presentó el recurso contra la bases», que aceptó el ayuntamiento y provocó el decreto de Ibor, pero que desestimó el Juzgado de lo Contencioso.
La agente asegura que Jiménez «defendió la nulidad de la oposición en el pleno a pesar de que fueron reiteradas las ocasiones en que se la instó a abandonar el plenario, precisamente por considerar la incompatibilidad en la que estaba incursa motivada por esa relación personal con quien obtiene un beneficio que no había conseguido por vía judicial». Para argumentar sus tesis, la denunciante ha entregado en Fiscalía una serie fotos y mensajes en redes sociales que tratan de demostrar la «relación» de la concejala y el aspirante suspendido «y la amistad» de éste «con la alcaldesa y su familia».
