Siete funcionarios, cuatro concejales, el tesorero y el secretario declararon ayer como testigos en el juicio por prevaricación administrativa contra el exalcalde de Mislata, Manuel Corredera, y una técnica municipal. Todos estaban citados por las defensas, que centraron su estrategia en tratar de justificar los motivos de que se contratara a varias empresas para pequeños trabajos de un mismo evento -algunos a una misma firma-, eludiendo el concurso público, y en hacer ver que Corredera era ajeno a toda esa manera de proceder.
Tres de los funcionarios que declararon estaban a las órdenes de la entonces jefa de Cultura -la funcionaria imputada-, una macroárea que englobaba a Educación, Deportes, Cultura, Fiestas y Juventud. Fue este departamento cultural el encargado de organizar la Feria de las Asociaciones, donde los colectivos del municipio exponían en sus casetas las actividades que realizan durante el año. La magnitud del evento, según contaron ayer, les aconsejó dividirse la organización del acto y que cada uno buscara las ofertas de cada cosa concreta. «Cada área tenía sus asociaciones, así que cada uno se ocupó de hacer el informe de contratación de cada cosa (montaje de casetas, vallas, carpas, audiovisual...). Pedimos siempre tres ofertas y cogíamos a la más económica. Es cierto que podíamos haber cogido una sola empresa para hacer todo el acto, pero de esta forma salía más rentable económicamente para el consistorio. No se fraccionó para evitar el concurso sino por la premura del tiempo y para que fuera más barato», explicó el técnico de Deportes.
En términos similares se pronunció la técnica de Juventud de aquella época. «No podemos tomar decisiones arbitrarias, manejamos dinero público», defendió, en referencia a si escogían a una empresa en concreto por otros motivos que no fueran económicos o si venía recomendada. «Cada uno llevaba una parte del evento y hacíamos contratos menores porque ibas directamente al proveedor especializado. Una sola empresa no podía hacerlo, y siempre es más caro. Cada técnico pedía sus tres ofertas para escoger la más económica y elaborar el informe», explicó la funcionaria.
El letrado de la acusación particular (Ayuntamiento), preguntó entonces cómo podía justificar que una misma empresa presentara cuatro facturas del festival Mimmed (un evento musical). «Teníamos que ajustarnos a las necesidades técnicas de cada artista. Por ejemplo, Bumbury quería un sofá rojo y tuvimos que contratarlo», defendió. Y, ¿Quién decidía la división de conceptos de lo que era cada trabajo?, cuestionó el letrado en referencia a que una misma empresa facturó por separado por trabajos de carpintería, pintura o moqueta de la Feria de Asociaciones. «No se quién tomó esa decisión, no lo recuerdo», dijo la técnica.
Otros dos técnicos que comparecieron desempeñaban funciones de urbanismo o mantenimiento. La defensa de Corredera quería demostrar ante el juez, que realizó un estricto marcaje al letrado para que se ciñera a preguntas sobre este proceso, que no se superó el límite de contrato menor. Uno de los funcionarios dijo que el pago de 74.000 euros a una empresa fue por dos trabajos que «estaban claramente diferenciados con dos memorias». Además, puntualizó que se pidieron hasta tres ofertas para cada obra.
El otro técnico dijo que la factura de más de 29.000 euros por limpiar de cañas en el conocido como hiper de la droga, «se realizó a instancias de un informe de la policía» y no superaba el límite máximo de 30.000 euros vigente entonces como obra menor y evitar el concurso. El capataz general declaró que «me imagino que el alcalde estaría ajeno a esto. Los responsables eran los técnicos».
Vicente López Sinisterra, concejal de Seguridad, Obras y Servicios en la era Corredera, defendió al alcalde, «amigo de la niñez», relatando que las tres facturas de 37.000 euros de una misma empresa, «son de las reparaciones de la fuente» del cruce de Gregorio Gea por tres accidentes diferentes. «Se hicieron todos los procedimientos y en todos los expedientes había tres ofertas».
El fiscal, diferente al que formuló el escrito que originó la apertura de juicio, no realizó pregunta alguna en toda la sesión.
