El informe 2015 de la Sindicatura de Comptes, referente a la fiscalización sobre acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formulados por los interventores locales, detectó 33 incidencias, de las que 32 correspondieron a expedientes de contratación por un montante de casi 2,4 millones de euros. La otra irregularidad apunta al Consell Agrari Municipal por un importe de 3.689 euros.
Así, el informe, correspondiente al año que compartieron cada semestre el PP y el PSOE como equipo de gobierno saliente y entrante, somete a dictamen cinco relaciones de facturas, antes de su aprobación, y en todas las evaluaciones se advierte que «todo gasto debe acompañarse de su correspondiente de gasto y retención de crédito», «se han realizado algunas prestaciones sin tramitar el preceptivo expediente de contratación» y que en «algunos supuestos el importe anual facturado por la empresa, superan el importe de la contratación menor». Entre los expedientes analizados figuran la limpieza de edificios e instalaciones municipales, el mantenimiento de la Casa Consistorial, su vigilancia o el mantenimiento del alumbrado público.
El consistorio socialista alegó en que 2017 contrató a una empresa de auditoría externa para el control financiero posterior al ejercicio 2015, cuyo informe se encontraba pendiente de emisión cuando la Sindicatura elaboró el suyo propio.
