«Todo aquel que deba dinero se le inmovilizará el barco hasta que pague». Así ha resumido Agustín Martí, presidente de la empresa municipal Egusa que gestiona el puerto de Port Saplaya, los siguientes pasos a seguir ante el conflicto con los usuarios de la dársena. En este sentido, el responsable ha explicado que se bloqueará el uso de los 150 barcos deudores y se apartarán a una zona de suspensión de servicios, aplicando así «el reglamento del puerto que aprobó la misma conselleria». Además, ha recordado que «ahora el ayuntamiento no es concesionario, por lo que los amarristas tampoco lo son y tanto los que eran ‘propietarios’ de un amarre como los arrendados están, en la actualidad, en el mismo régimen: el de alquilado».
Por otra parte, el representante de Egusa manifestó ayer a Levante-EMV que estudiarán la viabilidad de convertirse, de nuevo, en la concesionaria del puerto de Port Saplaya. «El ayuntamiento analizará si estamos en condiciones de aceptar de nuevo la concesión, nuestra idea es que sí, pero todo dependerá de lo que plantee conselleria», apuntó Martí.
«El puerto nos interesa, es un reclamo, pero habrá que ver si es posible gestionarlo», añadió. Asimismo, el responsable argumentó que sus tarifas son «las más baratas del mapa portuario de la Comunitat Valenciana» y expresó su deseo por apaciguar la actual situación de tensión con los usuarios de los amarres de Port Saplaya. En este sentido, Martí explicó que los técnicos del puertos han celebrado una reunión para analizar la situación de los deudores de la dársena de l’Horta Nord. «La gente tendrá que analizar que es lo mejor para ellos, lo que es una realidad es que la deuda va subiendo cada día», advirtió.
Los afectados opinan
Por su parte, el representante de los amarristas que están en «huelga» de abonar sus cuotas en protesta de la subida de precio y el cambio de condición a alquilados manifestó ayer a este periódico que el colectivo se «niega a pagar una subida tan brutal del precio a cambio de nada», sin embargo, está abierto a llegar a un acuerdo y solventar la situación con Egusa de «una manera que nos beneficie a todos».
En este sentido, el portavoz de los afectados criticó las acciones de inmovilización que considera «ilegales». «No está claro eso de señalar los barcos deudores en una lista, es una vulneración de la ley de protección de datos», argumentó.
Así todo, reconoció que el reglamento es un poco «ambiguo» y «al igual que ellos se acogen a unas cláusulas, nosotros nos podemos acoger a otras», concluyó uno de los afectados.
