Cuando a finales de 2015, la Generalitat que ya presidía Ximo Puig dio carpetazo definitivo al macroproyecto urbanístico de Gran Manises, lo que parecía un alivio se convirtió en el primer problema, y de los gordos, para el nuevo equipo de gobierno municipal. Los propietarios del suelo afectado por el fallido PAI han empezado a moverse para reclamar la expropiación de sus terrenos, reclamando indemnizaciones millonarias y amenazando las arcas públicas maniseras.
El Gran Manises surgió durante la era de Enrique Crespo (PP) al frente del consistorio, con el impulso del extinto Instituto Valenciano de la Vivienda, bajo el paraguas de la conselleria de Territorio que lideraba Rafael Blasco. La actuación perseguía el desarrollo de 1,5 millones de metros cuadrados, catalogados como rústicos, y que en su mayoría pasarían a residencial. Sobre esos terrenos se levantarían unas 9.000 viviendas, mientras que en el resto se construiría la Ciudad Deportiva y de Ocio y la Ronda Jaume I. Tras una década de trámites, críticas y demás, la Comisión Territorial de Urbanismo denegaba la aprobación de homologación del plan parcial del Gran Manises, enterrando el proyecto.
Pero, tanto la carretera como el polideportivo sí los ejecutó el ayuntamiento popular. Y lo hizo sobre terrenos que cedieron en su día los propietarios a cambio de aprovechamiento urbanístico en el futuro Gran Manises, ya fuera en forma de pisos, suelo urbanizable, terciario....
Amenaza sobre 20.000 metros
Con el carpetazo dado por la Generalitat, hay dueños de parcelas que no tienen ni terreno ni aprovechamiento. Por ello, han comenzado a moverse para instar a la expropiación. Por el momento, uno de los propietarios de una pastilla de 35.000 metros cuadrados ha presentado una petición ante el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa en el que solicita más de 11 millones de euros, a razón de 317 euros el metro cuadrado. Por su parte, los técnicos municipales valoran la superficie en poco más de 93.000, a 2,66 euros el metro. Mientras, la resolución emitida hace unas semanas por el Jurado Provincial eleva la tasación municipal y considera que se debe abonar 15,25 euros por metro, lo que supondría una indemnización superior a los 533.000 euros. Ambas partes ya preparan sendos recursos contra la baremación.
En total, la ronda y la ciudad deportiva ocupan alrededor de 200.000 metros cuadrados, obtenidos a través de convenios con varios propietarios, aunque el 87% del suelo está en manos de tres empresas del sector del ladrillo que compraron las parcelas al oler el negocio urbanístico. Con este panorama el ayuntamiento puede verse abocado a expropiaciones millonarias y a largos procesos judiciales, como ha ocurrido en otros municipios como Godella (con Edifesa y la congregación religiosa en el bosque de la Devesa) o Paterna (con el antiguo campo de tiro).
En este sentido, el alcalde Jesús Borràs, advierte de las consecuencias «de una mala gestión en los años del PP», asegurando que «es muy bonito negociar por unas obras necesarias, que por cierto están muy mal hechas, con aceras estrechas y sin carril bici, pero en unos terrenos que no son tuyos. Si el consistorio en su día hubiera comprado ese terreno rústico ahora no tendría esta amenaza de indemnizaciones millonarias». Borràs critica que en Manises se «ha jugado a la política urbanística de potenciar el ladrillo y la especulación». El alcalde acusa a sus predecesores populares de «realizar una política irresponsables», basada en «actuar y dejarle las consecuencias al viene detrás».
