La conselleria de Agricultura y Medio Ambiente ha emitido un informe favorable a la petición de ampliar el área de extracción minera, por parte de la empresa que explota la cantera de Paterna. El permiso está estrictamente supeditado a que la mercantil habilite un área de preservación y potenciación del patrimonio natural geológico existente en la zona. Por contra, ha tumbado por el momento la solicitud de instalar un vertedero de residuos inertes.
La cantera, situada en una zona de terrenos entre la A-7, la CV-35 y el polígono Táctica, lleva en funcionamiento desde la década de los 70 con la pertinente autorización del órgano minero. También poseía desde 1991 el permiso para verter residuos inertes en una de las parcelas. Las instalaciones se fueron ampliando para mejorar servicios, con una planta de compostaje de restos vegetales y otra de tratamiento de residuos de construcción. De hecho, durante años hizo las funciones de ecoparque municipal hasta que el PP decidió eliminar el convenio por los recortes económicos.
Hace poco menos de una década, la mercantil presentó el proyecto de ampliación del perímetro de la cantera. La actuación, centrada en dos zonas de siete parcelas, consta de cuatro fases en las que se concentraría la extracción minera, la restauración completa con la restitución topográfica con residuos inertes y una actividad final de vertedero controlado. En total, 27 años de explotación, a parte de los dos años adicionales de control ambiental. La superficie global ronda los 8,2 hectáreas, de las que 6,4 son de extracción minera. En este sentido, la declaración de impacto ambiental considera que el área afectada alcanzaría las 24 hectáreas de suelo.
Durante todos estos años, el promotor ha mantenido una larga batalla administrativa con diferentes administraciones para obtener la deseada declaración de impacto ambiental. Finalmente, la Generalitat ha anunciado que acepta la propuesta de ampliación de explotación minera, «pero estrictamente supeditada». Así, el informe firmado por Antoni Marzo, director general de Medio Natural y Evaluación Ambiental, advierte que no se concederá la autorización minera si no se emite una resolución complementaria a la citada declaración, en la que se incluya dentro del proyecto minero «la preservación y potenciación del patrimonio natural geológico que ha dejado al descubierto la explotación minera: la serie estratigráfica de arenas del mioceno superior marino que muestra en la cantera un buen potencial de estudio y divulgación de la geodiversidad de la C. Valenciana». En este sentido, emplaza al promotor a presentar la «propuesta que estime más conveniente para potenciar el afloramiento y facilitar la observación y acceso a las estructuras geológicas, a la vez que se mantenga la estabilidad geotécnica y la seguridad».
La condición impuesta por el departamento autonómico se sustenta en que los «sedimentos del mioceno superior que se observan dentro de la cantera Rabosar responden a la transgresión marina que afectó a la cuenca marginal valenciana, también conocida como Oval de Valencia, durante el período tortoniano». Así, Medio Ambiente sostiene que la cantera «viene a ser uno de los principales afloramientos del sector norte de la cuenca, mientras que los del sur (Torrent, Montserrat o Picassent) han visto reducida su extensión en las últimas décadas, debido al considerable aumento del uso del suelo y el agotamiento de antiguas canteras de arena». Fuentes de la mercantil confirmaron que su intención es llevar adelante el proyecto y lamentaron el largo proceso administrativo de tantos años.
Por otra parte, la declaración de impacto ambiental indica que la cantera únicamente recibirá para su restauración residuos terrígenos inertes previamente controlados en la planta de clasificación de residuos de la construcción y demolición. Por ello, el informe sostiene que «no queda nada clara la necesidad de habilitar un 'vertedero de residuos inertes' con todas las medidas de impermeabilización, control de vaciados, retención de lixiviados y seguimiento ambiental previsibles y exigibles para un vertedero propiamente dicho». En este sentido, emplaza al promotor, para continuar la tramitación, a «justificar técnica y ambientalmente las razones que justifica» su instalación.
