Los planes generales que aprobaron un buen numero de municipios de la comarca al comienzo de la década de los noventa, con el claro objetivo de expandir sus modelos urbanísticos, se ido han convertido en ciertos casos en rémoras que van mordisqueando las cajas públicas hasta convertirse en auténticos bocados financieros. Paterna no es ajeno a este tipo de episodios, y desde hace unas semanas es protagonista de un proceso judicial que puede acabar en un agujero de 37 millones de euros. Es la cantidad que pide en el juzgado la familia Trénor por la expropiación de unos terrenos.

El proceso comienza en 1990. El nuevo PGOU reclasifica como suelo no urbanizable unos terrenos de carácter residencial, cercados por las calles 232, 231 y la carreteras conocida como Plà del Pou, en el barrio de la Canyada. Su nueva calificación sería zona verde dotacional. Las dos parcelas suman en total más de 114.000 metros cuadrados, y están compuesta mayoritariamente por pinos y algarrobos. Como suele pasar en este tipo de planes, el ayuntamiento se obliga a expropiarlos los terrenos durante un periodo de tiempo.

En abril de 2014, 24 años después de la aprobación del plan los propietarios del suelo, la familia Trénor, presenta una petición ante el Jurado Provincial de Expropiación, en la que instaba al consistorio paternero del PP a que adquirieran la superficie. La solicitud fue desestimada.

Dos años después, presentaron ante el ayuntamiento una hoja de aprecio, en la que reclamaba por la expropiación, unos 37 millones de euros. La administración paternera no contestó al requerimiento. Por tal motivo, los dueños volvieron a acudir al Jurado Provincial, incluyendo la tasación. Los servicios municipales remitieron una alegación en la que argumentaban que la expropiación contemplada en el PGOU estaba programada para el segundo cuatrienio (1994-1998) y que por tanto no resultaba posible la adquisición por ministerio de ley. Con esta premisa, el Jurado Provincial volvió a desestimar el recurso de la familia Trénor.

Finalmente, el pasado diciembre los propietarios de los terrenos presentaron un contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia solicitando que se anule el rechazo del Jurado Provincial, y que se reconozca su derecho a que les expropien las dos parcelas de 114.000 metros y que se establezca como justiprecio el reflejado en la hoja de aprecio presentada en 2016: 37 millones de euros, más los intereses.

Entre los argumentos que plantea la defensa jurídica de los Trénor, destaca que el suelo, y por tanto el valor calculado para pedir la indemnización, es de carácter urbano por encontrarse en una zona residencial y disponer de todos los servicios como tal, desde alcantarillado hasta alumbrado y elementos para la recogida de basura. En este sentido, revelan que el consistorio ha admitido en algún decreto de alcaldía o en expedientes que se trata de «un solar», dándole al suelo el carácter urbano.

Además, hace hincapié en que el ayuntamiento no procedió a la expropiación de las parcelas en el tiempo que había fijado. A esto se suma, que en su día las partes firmaron un convenio para la cesión de una parte de los terrenos para la ejecución de unos viales para prolongar la calle 200 y conectarla con la carretera de Plà del Pou. Los dueños también critican que sus terrenos se usan de facto como zona verde, al apreciar sendas por el tránsito de personas que pasean o discurren entre los árboles.

Por su parte, fuentes municipales aseguraron que se está trabajando en la elaboración de una respuesta al contencioso presentado ante el TSJ.