El concejal popular de Torrent, Nacho Carratalá, ha pedido al alcalde Jesús Ros que explique cómo afectará en sus nuevas responsabilidades la sanción que hace un año se impuso al concejal socialista de Seguridad José Antonio Castillejo.
Jesús Ros ha remodelado recientemente el gobierno local a raíz de la dimisión del concejal Alfred Costa, que obtuvo una plaza de alta dirección en la nueva televisión autonómica. De este modo, tras incorporarse la edila Susi Ferrer al gobierno, el alcalde ha asignado a esta una parte de las competencias que tenía Costa y el resto han pasado a Castillejo.
De este modo, José Antonio Castillejo, además de ser responsable de Seguridad Ciudadana y Policía, entre otras áreas, ahora se encargará de Fiestas y Fallas. Dado que ambas responsabilidades comportan numerosas contrataciones (espectáculos, pirotecnia, exposiciones y otros), el Partido Popular se plantea si el edil puede realizarlas o si, por el contrario, tendrá que asumirlas otra persona.
Comisión de investigación
La razón es que Castillejo fue sancionado hace un año por el llamado Caso Uniformes, como consecuencia de las conclusiones de la comisión de investigación. Tras la adjudicación de los uniformes de la Policía Local por 200.000 euros, el PP encontró diversas irregularidades en el proceso, que acabaron con la anulación del contrato y la devolución de las prendas.
Pero en ese proceso, una comisión de investigación por la que pasaron numerosos altos cargos (entre ellos el propio director general de la Agencia de Seguridad, José María Ángel) determinó que, si bien la mayor parte de la culpa la tenía la Generalitat Valenciana por la ambigüedad de sus escritos, también recaía en el concejal de Policía y en el Jefe. Al edil se le retiraron las competencias en materia de contratación.
Con todo, el propio Castillejo ha indicado que el 1 de diciembre de 2016, el pleno de la corporación aprobó las conclusiones de la comisión de investigación del Caso Uniformes, entre las que figuraba, en lo que a él le afecta, que por su «actitud poco prudente» se le retiraban y transferían al órgano correspondiente las competencias en materia de «contratación o convenios económicos del área de Seguridad Ciudadana». De este modo, el gobierno local entiende que esta restricción en su acción de gobierno no afecta al resto de delegaciones que pueda tener el edil.
