"Los socialistas llevamos 30 años exigiendo que se quite la cruz de los caídos de Rafelbunyol"

Así lo explicó ayer a Levante-EMV, Alicia Piquer, concejala de Memoria Histórica, al tiempo que matizaba que ellos ya tomaron la decisión de retirar la cruz. «Ahora estamos esperando una decisión judicial definitiva, ya que aunque no haya medidas cautelares, no hay sentencia firme del TSJCV», indicaba para explicar que ante una primera sentencia, el consistorio no retire aún el símbolo franquista. Asimismo, Piquer matizó que el proceso que ha seguido el gobierno local ha sido «plenamente garantista» y que «si los familiares no hubieran recurrido el mural ya estaría retirado».

Por su parte, Enric Carbonell, de la coalición Compromís, afirmó ayer que el grupo ha tenido complicidad con la alcaldía al «estar de acuerdo en querer quitar el panel». Así todo, continuó, los socialistas han optado «por llevarlo a plenario y seguir un camino garantista». De la misma forma, Carbonell apuntaba que su grupo siempre ha votado a favor para retirar el mural «pero es el alcalde quien tiene que ejecutarlo». «Es cierto que se podía haber hecho a principio de legislatura pero Fran López ha querido ser ser garantista. Es una decisión política respetable», concluyó.

Independents de Rafelbunyol (IdRA) -el partido que formaba gobierno con PSOE pero que rompió el pacto en 2016 por discrepancias respecto al mural- también se posicionó ante este conflicto. La edila Inmaculada Barrachina lamentó «la falta de intención conciliadora» del gobierno local pues opinó que «podríamos haber sido pioneros. Al gobierno le faltó voluntad de conciliar antes de recurrir a la justicia, retirando los vestigios del franquismo del mural y dejando los nombres». Ahora, dice Barrachina «se va a solucionar un problema -el de reconocer unos muertos- creando otro -el de dejar de reconocer a otros-». «Para cubrir un derecho que te faltaba no puedes pisotear el de otros», afirmó. Asimismo, la edila ve la Ley de Memoria Histórica un tanto «ambigua» y «creada con tinte ideológico» y «poco conciliadora». Con la intención de retirar el panel, «van a abrir otra brecha de heridas por mucho tiempo. Hay que asumir la historia y ser valiente», concluyó idRA.

El recurso de los familiares en contra de la sentencia que desestima su anterior apelación contra la decisión del pleno de Rafelbunyol de retirar la cruz, dice que la retirada es «una medida política arbitraria» por ser los nombres ahí presentados de personas «honradas y asesinadas por sus creencias». Asimismo, se ampara bajo la titularidad privada de la iglesia y la pertenencia del mural a la misma. De igual forma, el recurso de apelación pone en relieve otros casos en España en los que finalmente se ha fallado a favor de afectados en monumentos que recordaban a personas asesinadas por sus creencias religiosas.

«En Madrid, el ayuntamiento rectificó en una fachada del Cementerio de Carabanchel, con motivo de una placa que homenajeaba a frailes que fueron asesinados por su religión». «La ley de Memoria Histórica los ampara. A nosotros también».