La cita se presumía calentita y no defraudó. En una sala al borde del límite de aforo, decenas de vecinos, y los que se quedaron en el pasillo, asistieron anoche a la Junta de Barrio de la Canyada donde se abordó la instalación de un centro de menores en un chalet de Montecañada. En un ambiente crispado, los asistentes expresaron a Carles Martí, representante del equipo de gobierno en la junta y responsable del área de Urbanismo, su rechazo a que se ubique el centro de la conselleria de Políticas Inclusivas y gestionado por una empresa del sector.

Entre las principales razones que expusieron los vecinos -entre los que se encontraban rostros conocidos como José Luis Roberto, líder de España 2000-: «un chalet de lujo no es sitio para socializar a menores, que se vayan a otro sitio», «un barrio residencial no es adecuado para este tipo de centros, sin infraestructura educativas o deportivas», «en este barrio hay mucha tranquilidad y puede ser un caldo de cultivo para delinquir»... todo ello «sin querer emitir prejuicios» ni «clasismos». En resumen: «queremos seguir viviendo tranquilos y seguros», sentenció una vecina.

Aunque pocos, había quien defendía la instalación del centro de acogida en la Canyada. «Soy profesora en un instituto, y tenemos alumnos que vienen procedentes de este tipo de centros. Están completamente integrados y no crean problema alguno», comentó una residente. La respuesta de otros vecinos fue clara: «No estamos en contra de los centros de menores, pero en esta zona, no».

Todos los asistentes esperaban una respuesta contundente y clara del concejal de Compromís. «Mójese», «qué postura tiene el equipo de gobierno», «serán menores conflictivos» y la más importante: «qué piensan hacer». Martí fue por partes. «Las obras de adecuación del chalet están paradas. Pidieron un tipo de licencia menor que no se adecua a lo que están haciendo. Hemos solicitado más documentación para que puedan proseguir, y por el momento esa documentación para subsanar el reparo no nos la han aportado», explicó. En este sentido, el concejal aclaró que son 18 menores «de 6 a 17 años, en situación de desamparo y sin delitos», y «me comprometo a vigilar que esto se cumpla». Martí señaló que pedirán reuniones con la conselleria de Oltra para obtener más información y que como responsable de Urbanismo «debo asegurarme de que cumplen la ley».

Pero la polémica del centro de menores ha trascendido más allá de un conflicto vecinal, y de cierta forma ha afectado a los integrantes del equipo de gobierno. Martí admitió ante los vecinos que «por principios no estamos en contra de este tipo de centros», aunque matizó que trasladaría las impresiones vecinales a los otros dos socios del Pacte del Batà para mostrar una postura conjunta.

En cambio, el PSOE emitió por la mañana un comunicado en el que anunciaba que presentarán una moción en el próximo pleno, para que se suspendan cautelarmente las licencias relacionadas con actividades asistenciales. El objetivo es se inicie un expediente de revisión urbanística para adaptar el planeamiento vigente y definir y regular los posibles usos asistenciales en Paterna. La idea es que Urbanismo, que depende de Compromís, elabore un estudio previo de esas posibles actividades, y posteriormente se articule un proceso de participación ciudadana en el que los vecinos expresen su opinión.

De hecho, el PSOE envió a un asesor a la Junta de Barrio para explicar el contenido de la moción. «Vamos a parar un poco para ver las cosas bien, y es preciso que se realice un estudio técnico y se pronuncien los vecinos», justificó el socialista ante el edil de Compromís. Hubo quien reclamó la presencia del alcalde.