El concejal de Urbanismo, Carles Martí, anunció que recurrirá ante la Delegación del Gobierno el acuerdo plenario aprobado ayer. El concejal argumentó que la suspensión de licencias «no tiene ningún fundamento jurídico ni técnico, tan sólo es una voluntad política totalmente contraria a los Acuerdos del Batà». «Normalmente -defendió el regidor- primero se aprueba realizar una revisión y luego se suspenden las licencias, y en este caso se ha hecho al contrario y sin justificación».
Horas más tarde, un comunicado del equipo de Gobierno, entiendase el PSOE, amenazaba a Martí con que en «el caso de que incurra en prevaricación, dando licencias sin poder hacerlo, será expulsado» del ejecutivo. Así defendían que «si realmente miran por los intereses de Paterna, impulsarán los otros dos acuerdos aprobados en la moción, el de realizar un estudio urbanístico y articular un proceso de participación, que en menos de tres meses, podría estar solucionado». «No se va a permitir que Compromís actúe al margen de la ley. Lamentamos que puedan utilizar el mismo método que en su día hizo el PP, la prevaricación», alertaban.
