En 2003, Paterna puso en marcha un piso tutelado de menores, gestionado por una cooperativa. El ayuntamiento corría con los gastos de la casa y la gestión, hasta que la entidad decidió acogerse a los conciertos de la Generalitat. En principio, el piso era exclusivo para menores paterneros, pero al entrar en liza la conselleria, era esta quien decidía los usuarios.

Por ello, el ayuntamiento decidió no renovar el contrato en diciembre de 2015, en base a un informe técnico que "no justifica el coste beneficio para el ayuntamiento de ceder una vivienda equipada a un recurso de gestión autonómica". El consistorio negoció con la cooperativa una prorroga para no cesar el servicio de la noche a la mañana. Lo aprobaron PSOE y PP en la junta de gobierno local en febrero de 2016. Posteriormente se firmaron otras dos prórrogas a petición de la conselleria hasta la extinción definitiva en marzo de 2017.

Fuentes del PSOE acusan a Juanma Ramón, concejal de Compromís y titular de Bienestar Social desde noviembre de 2016, de "no haber hecho nada por mantener la prórroga. Se podía haber prorrogado todo el tiempo que hubiera querido". El regidor responde: "Cuando llegamos al gobierno estaba todo ya acordado, solo pudimos conseguir una prórroga hasta marzo de 2017 para garantizar el servicio".

Por su parte, María Villajos (PP) culpa a la dupla PSOE-Compromís de acabar con una instalación que "funciona porque no justifica la correlación coste/beneficio".