La empresa que gestionó la piscina de Benetússer por concesión pública no ha aceptado la liquidación del contrato aprobada por el ayuntamiento ya que, si bien supuso una modificación de su postura inicial al aceptar determinadas alegaciones, la cifra final dista mucho de la reclamación que planteó la firma.
Desde el inicio del conflicto, el consistorio ha ido variando la cantidad en la valoración estimaba para liquidar el contrato. De hecho, inicialmente realizó una tasación en la que valoraba la inversión que había realizado la empresa en unos cuatro millones de euros. El recinto se construyó a través de sistema de concesión obra, por el que la adjudicataria adelantaba el dinero de la edificación y luego recibía un canon anual del ayuntamiento.
Y ya en los últimos meses de un expediente que se remonta varios años, el gobierno local le dio la vuelta a la situación y llegó a calcular que era la firma la que tendría que pagar cerca de 230.000 euros al ayuntamiento, por diferentes daños que se encontró en el recinto cuando recuperó la instalación, tras años cerrada.
Para calcular esta segunda cifra se tenían en cuenta las «numerosas deficiencias en el edificio achaca bles a la concesionaria -sobre los que después la firma alegó-, a los que se sumaron gastos que ha tenido que realizar el consistorio al recuperar la instalación como altas de suministros, nuevos proyectos técnicos de instalación de gas, agua y energías, comprobaciones de los aires acondicionados, deshumidificadoras o sistemas de captación solar». Además, se valoraba esgrimía «las obras contratadas que no se han ejecutado por la mercantil, el parking y la planta alta, por las que cobró más de un millón de euros».
La firma alegó, entre otros aspectos, que parte del deterioro de la instalación se debía al tiempo que había estado cerrada, por lo que no le eran imputables los daños. Tras las alegaciones de la empresa, el consistorio ha recalculado la liquidación y acordó hace dos semanas en pleno, según la propuesta formulada por el ejecutivo, en base a los informes técnicos, que le abonaría a la mercantil 879.000 euros.
No obstante, en el detallado informe de alegaciones de la contrata, se valoraba en once millones de euros la inversión que había realizado en el recinto de la piscina, entre otras consideraciones, y esa es la cantidad que se reclamaba al consistorio. Dado que hay más 10 millones de diferencia, la firma ha tomado la decisión de acudir a los tribunales por lo que sus servicios jurídicos preparan un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo plenario en el que se aprobó la liquidación definitiva. Fuentes de la mercantil han indicado a Levante-EMV que, de forma paralela a esta denuncia, se estudiará si cabe iniciar algún proceso penal contra los responsables municipales y los que votaron la liquidación.
En su valoración, la empresa toma como base los cuatro millones de la tasación inicial, a los que suma «los gastos financieros incurridos hasta la fecha, la subvención a la explotación que no se ha cobrado con sus intereses respectivos, el lucro cesante por finalización del contrato anticipadamente, y los daños y perjuicios causados a la concesionaria (cómo los pasivos que tenía la concesionaria hasta el concurso de acreedores y los que se generaron después, los intereses de demora de la deuda, y los daños de imagen a la empresa)».
Además, la concesionaria acusaba en el documento al ayuntamiento de «provocar el concurso de acreedores y posterior liquidación de la sociedad concesionaria, y generar deudas millonarias a la concesionaria con terceros acreedores». «Y ello sin hablar de la incautación de la garantía prestada por una concesionaria que ha ganado todas las sentencias judiciales recaídas en este asunto», añadía.
La piscina lleva cerrada desde marzo de ???? y fue el pasado septiembre de 2017 cuando el ayuntamientorecuperó la titularidad y pudo entrar, con la intención de volver a reabrirla.
