Una docena de entidades de Paterna ha suscrito un manifiesto en defensa del derecho del menor en el que instan al ayuntamiento a anular el acuerdo plenario que suspendió las licencias que frenaba la apertura de un centro de acogida en un barrio del municipio. Los impulsores invitan a otras asociaciones y colectivos a sumarse a la reivindicación.
El pasado 8 de marzo los votos de PSOE, PP, Cs y los dos ediles no adscritos sacaron adelante una moción socialista que acordaba la suspensión de concesión de licencias asistenciales en suelo privado, mientras el departamento de Urbanismo elabora un estudio sobre las actividades de este tipo que contempla el PGOU, y posteriormente los vecinos de cada barrio decidan en procesos participativos qué permiten y qué no. La moción del PSOE venía motivada por el rechazo vecinal de Montecañada a la instalación del centro en su barrio y la polémica generada.
Semanas después de aquel pleno, varias asociaciones y colectivos han ido celebrando reuniones hasta firmar un documento conjunto en defensa de los menores y queriendo eliminar la etiqueta de que Paterna es insolidaria.
Así, los doce colectivos firmantes -Gatzara, Equipo Profesional Francisco Esteve, Joves de La Coma, Granja Julia, Cooperativa d'ensenyament Escuela 2, Acció Ecologista Agró de Paterna, AVV Terramelar, AVV la Canyada, AVV la Coma, ONG Motores Sin Fronteras, Adona´t y Cor de la Canyada- defienden el derecho del menor a «vivir en cualquier barrio o pueblo sin ningún tipo de discriminación por razón familiar, económica, de raza o religión», y apoyan «cualquier ubicación que estimen oportuna los organismos competentes, siempre que garanticen la protección, la educación y el respeto al menor para su crecimiento personal».
Por ello, inciden en que «nuestro papel como ciudadanos y vecinos del entorno de cualquier centro de acogida debe ser colaborar para la plena integración de los menores allí donde el centro se ubique».
En este sentido, el grupo de trabajo, ante la «mala información» lanzada en torno a la instalación del centro de acogida, piden que «se informe correctamente del proyecto, y que dicha información venga avalada por los organismos competentes, en este caso de la conselleria de Políticas Inclusivas».
En este sentido, la plataforma ha remitido recientemente una invitación a la directora general de la Infancia y Adolescencia para que se celebre una reunión en Paterna e informe a representantes vecinales y de colectivos los pormenores del centro.
Por último, instan a la corporación local a revocar el acuerdo plenario de suspensión de licencias, «que impide el desarrollo de una adecuada política asistencial en nuestro municipio».
En este sentido, consideran que la «lamentable división» reflejada en la votación del pleno (14-9) «choca frontalmente con la línea seguida hasta ahora por el ayuntamiento, compuesto por los grupos políticos que firmaron todos ellos el Pacto Valenciano por la Infancia, así como el acuerdo del pleno por el que Paterna forma parte de la red de Ciudades Educadoras».
Por ello, para la docena de colectivos firmantes, «la utilización partidista por cualquier grupo, entidad o partido político que pueda poner en dificultades el ejercicio de estos derechos del menor, o suponer un riesgo para la necesaria intimidad y discreción, debe merecer el más absoluto rechazo por parte de los vecinos de Paterna, que han dado sobradas muestras de ser un pueblo solidario e integrador».
La plataforma anuncia, además, que estará presente en la Feria de Comercio y Asociaciones de Paterna que se celebrará este fin de semana en el municipio, donde dará a conocer el manifiesto a las asociaciones y colectivos asistentes, para pedirles su adhesión al mismo.
Sin noticias de posible solución dos meses después
La instalación del centro de menores abrió hace meses una grieta en el gobierno de Paterna, formado por PSOE y Compromís, más el apoyo de Paterna Sí Puede. Mientras los socialistas, con el alcalde Sagredo de licencias asistenciales, Compromís y Paterna Sí Puede defendía el derecho de los niños y la ubicación del centro en Montecañada, pese al rechazo de los vecinos del barrio.
El 20 de marzo, los tres partidos se reunieron para tratar de solucionar el conflicto. Desde aquel momento, nada ha cambiado y la negociación permanece estancada. Diversas fuentes admiten la complejidad de una salida airosa, teniendo en cuenta que la suspensión de licencias fue en un pleno.
