22 de mayo de 2018
22.05.2018

Trabajadores de un almacén farmaceútico de Aldaia aceptan penas de cárcel por hurtar 800.000 € en productos

Tres de los 16 acusados se niegan a reconocer los hechos y se enfrentan a más de dos años y medio de prisión por hurto continuado y banda organizada

22.05.2018 | 09:21
Trabajadores de un almacén farmaceútico de Aldaia aceptan penas de cárcel por hurtar 800.000 € en productos

Una quincena de trabajadores de un almacén mayorista de Aldaia dedicado a la distribución y suministro de medicamentos, productos de parafarmacia, óptica y ortopedia sisaron durante más de un año productos cuyo valor ascendía a los 814.000 euros. Desde almohadillas térmicas, tensiómetros, cremas antiinflamatorios, pastillas de colágeno, anticonceptivos, biberones, viagra, anestésicos o simples cajas de tiritas, la lista es tan variada como numerosa. Ahora esta trama desmantelada en 2014 por la Policía Nacional se sienta en el banquillo de los acusados para responder ante la Justicia por los delitos de hurto continuado, pertenencia a grupo criminal y receptación. Al menos ocho de ellos reconocieron ayer su responsabilidad y aceptaron penas de un año y tres meses de cárcel, otra se conformó con una pena de nueve meses y uno admitió haber vendido los medicamentos que otra de las procesadas le entregaba, asumiendo también su culpabilidad en el delito de receptación.

No obstante, tres de ellos optaron por seguir defendiendo su inocencia y se enfrentan a penas de dos años y ocho meses de prisión, según la petición del Ministerio Fiscal. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de València dirimirá si dichos trabajadores, al igual que los anteriores, condenados ya por sentencia de conformidad, actuaron de forma organizada «de manera habitual, continuada y conjunta» para sustraer medicamentos y productos de parafarmacia de la empresa en la que estaban empleados aprovechando la confianza depositada en ellos.

Los hechos se remontan al periodo comprendido entre enero de 2013 y noviembre de 2014 cuando los acusados se encontraban en contacto directo con los productos, colocando los mismos en estanterías o dispensadores automáticos o preparando los envíos en una nave situada en el polígono industrial de La Lloma de Aldaia. El Grupo Cofares, empresa farmacéutica perjudicada y que ejerce la acusación particular, se percató de que desde hacía meses faltaba numeroso material que no figuraba como vendido, pero que no estaba en el almacén.

Así, la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (UCDEV) de la Policía Nacional solicitó al juzgado de Instrucción número dos de Torrent, encargado del caso, las intervenciones telefónicas de varios de los trabajadores. Previamente la empresa había instalado cámaras en el almacén para captar al autor o autores de este continuo siseo de fármacos.

El letrado de la defensa Juan Carlos Navarro argumentó en las cuestiones previas al juicio que dichas grabaciones con cámara oculta fueron obtenidas de forma ilícita sin avisar a los trabajadores de su instalación, al igual que las escuchas telefónicas, lo que invalidaría la prueba y eximiría de responsabilidad a sus clientes.

En los registros domiciliarios realizados por los investigadores se hallaron cajas llenas de productos sustraídos por los acusados, quienes ideaban todo tipo de tretas para sacarlos sin ser vistos. Un grupo familiar de ellos utilizaba a otros, que desempeñaban la función de repartidores, para que ocultos en cubetas de reparto oficial hicieran llegar el material hurtado hasta su destinatario.

Perfectamente organizados
Los ocho condenados tras reconocer los hechos han aceptado un año de prisión por el delito de hurto continuado y tres meses de cárcel por un delito de pertenencia a grupo criminal. La fiscalía considera que estaban perfectamente organizados para sustraer el material farmacéutico sin que la empresa detectara sus movimientos. De hecho, solo una trabajadora fue sorprendida en noviembre de 2013 cuando trataba de sacar 26 productos entre sus pertenencias. Fue despedida inmediatamente, aunque solo era la punta del iceberg.

Las investigaciones de la Policía Nacional se saldaron con una veintena de detenidos, de los que 16 han acabado procesados. Uno de ellos ha fallecido antes de llegar al día del juicio y ocho han llegado a un acuerdo de conformidad viendo reducidas las penas que inicialmente solicitaba el fiscal para ellos. Así la sala contempla el atenuante de reparación del daño ya que habrían abonado la responsabilidad civil antes de la vista oral. A otra acusada le aplica también el atenuante de confesión por haber colaborado activamente con la policía y solo la condena a nueve meses de cárcel.

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