El Ayuntamiento de Paterna ha aprobado iniciar un nuevo procedimiento para recuperar la parcela del Parque Tecnológico que ocupó una mercantil, llegando incluso a colocar dos barreras que impiden el paso. Cabe recordar que a finales del pasado año el juzgado de lo contencioso administrativo número dos de València dio la razón a la empresa al considerar que el plazo del consistorio para reclamar había caducado.
Todo arranca en el último mandado de Lorenzo Agustí (PP) al frente del consistorio paternero. La mercantil en cuestión, ubicada en la calle Juan de la Cierva, aprovechó la parcela ubicada a espaldas de su complejo, en Leonardo Da Vinci, para convertirla en una zona privada instalando una barrera para permitir el acceso unicamente a usuarios reservados o clientes. En junio de 2011, el ayuntamiento tuvo conocimiento de la situación, pero no remitió a la empresa hasta 2013, el requerimiento en el que le instaba a cesar la ocupación. En marzo de 2015, el pleno aprobó un acuerdo por el que aprobaba la recuperación de la parcela por vía administrativa.
La firma presentó entonces un recurso de reposición contra el acuerdo plenario, alegando la falta de titularidad municipal del suelo al inscribirlo en el Registro de la Propiedad en julio de 2015, cuatro meses después del pleno en el que aprobó recuperar el terreno. En diciembre, el pleno acordó desestimar el recurso de la mercantil, dejando vigente lo dictado en la sesión de marzo. Entre las razones para rechazar las alegaciones figuraba que «la calle Leonardo Da Vinci y el aparcamiento anejo a la misma, se encuentran inventariados en el Inventario Municipal vigente, aprobado por el pleno de septiembre de 2015, e inscritos en el Registro de la Propiedad , junto al resto del viario del Parque Tecnológico», por lo que la empresa «no acredita titularidad sobre los terrenos objeto de recuperación».
En marzo de 2016, la empresa presentó un contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Paterna, impugnando la resolución del pleno del 22 de diciembre en el que rechazaba su recurso de reposición. La mercantil argumentaba que la parcela «fue adquirida a Sepes» y que «como resulta de la escritura de compraventa y del plano elaborado por Sepes para la transmisión, la superficie engloba la zona de la barrera, por lo que difícilmente el ayuntamiento puede ostentar titularidad sobre esos terrenos».
La magistrada estimó el recurso de la empresa sentenciando que «a la vista del expediente, cabe concluir que el procedimiento está caducado», ya que se inició en abril de 2013, con la providencia que contenía el requerimiento de cese de ocupación, mientras que el acuerdo plenario para la recuperación de oficio se adoptó en marzo de 2015, «por tanto había transcurrido con creces el plazo legal de tres meses».
Tras el fallo judicial, el consistorio inició el pasado enero el expediente de requerimiento para que la mercantil retirara la barrera que impide el acceso al aparcamiento público. La empresa presentó alegaciones en el plazo estimado, que han sido rechazadas por el ayuntamiento, y que ayer aprobó por pleno iniciar el procedimiento de recuperación de los terrenos públicos, acreditando la titularidad municipal del suelo y la apropiación indebida por parte de la mercantil, dedicada al sector hotelero y servicios.
«Algo que podía haber estado solucionado en pocos días, lleva cinco años sin solución y ahora nos toca a nosotros solucionarlo, como tantas otras cosas», defendió el concejal de Urbanismo, Carles Martí.
