El Tribunal Superior de Justicia de la C. Valenciana ha ratificado la sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo Nº 6, que condena al Ayuntamiento de Alboraia a pagar los 29,5 millones de euros que adeuda a la Generalitat por las obras de soterramiento de las vías del metro a la altura del municipio. El consistorio ha presentado un recurso ante el Supremo, mientras negocia con diferentes departamentos autonómicos una salida en forma de cómodos plazos para liquidar el impago.
El conflicto se inició en 2005, cuando el Ayuntamiento de Alboraia, en manos del PP con Manuel Álvaro al frente, y la Generalitat, del mismo partido, perfilaron un convenio por el que las dos administraciones se comprometían a pagar al 50% la modificación de rasante y urbanización en superficie de la línea 3 de FGV en Alboraia y la prolongación de la línea 4 de tranvía Patacona, Peixets y Port Saplaya. El soterramiento de las vías alcanzaba un coste total por encima de los 70 millones.
El acuerdo lo rubricaron en diciembre de 2006 Egusa, la empresa urbanística pública municipal, y GTP, el extinto ente gestor de la red de transporte de la Generalitat. El soterramiento de las vías se inauguró a bombo y platillo antes de cerrar 2010, con el expresidente Francisco Camps a pie de obra. La firma alboraiera afrontó desde 2007 varios pagos por un valor total de 8,5 millones de euros, pero en 2013, con el PP fuera de la alcaldía y con un gobierno cuatripartito formado PSPV, Compromís, UPPA y Cialbo, el consistorio cerró el grifo. En enero, devolvió dos certificaciones en concepto de gastos financieros. Posteriormente, el pleno (con el voto a favor del PP incluido) aprobaba pedir al Consell que absorbiera la deuda y renegociar aquel acuerdo de 2006. La respuesta de Isabel Bonig, consellera entonces del área de Infraestructura, fue negativa. En diciembre, el consejo de Egusa acordó dejar de pagar y reclamar a la Generalitat que le devolviera los 8,5 millones.
A finales de 2014, la Generalitat presentó un contencioso administrativo reclamando a Egusa el dinero adeudado. La sentencia, de octubre de 2015, fue favorable al Consell condenado a Alboraia a abonar 29,5 millones, más los intereses devengados. El ayuntamiento recurrió el fallo alegando, entre otras cuestiones, que se vulneró el principio de «confianza legítima», ya que la idea de costear el 50% de las obras se basó en la «fundada confianza» de que la liberación del suelo que ocupaban las vías generaría rendimientos urbanísticos -hasta 14 millones-, tal como se preveía en el PGOU. El problema fue que la revisión del plan no llegó a ejecutarse, según el consistorio, porque la Generalitat impidió su aprobación, evitando así las plusvalías previstas con las que afrontar el soterramiento de la línea ferroviaria.
El TSJ ratificó hace unas semanas la sentencia del contencioso número 6 y desestimando el recurso municipal, al considerar, entre varias afirmaciones, que el acuerdo se suscribió «en posición de igualdad» entre ambas administraciones .
«No es competencia municipal»
El alcalde, Miguel Chavarría, explica a este diario que ya han presentado ante el Tribunal Supremo un recurso de casación contra el reciente fallo del TSJ. Al mismo tiempo, revela que han mantenido conversaciones con dirigentes de FGV, Presidencia de la Generalitat y de las consellerias de Economía y Obras Públicas para establecer un convenio y formalizar un calendario de pagos, en el caso de la sentencia acabe siendo firme. El dirigente socialista insiste en que la obra «es competencia de la Generalitat» y así como «ellos piden al Gobierno que les condone deudas por grandes proyectos, nosotros también se lo hemos pedido». Chavarría critica que el Consell «nunca debió aceptar que un ayuntamiento se comprometiera a pagar la mitad de la obra».
