Los municipios de la comarca se repartirán este ejercicio más de 6,6 millones de euros procedentes de la Diputació de València, en una nueva convocatoria del plan de Inversiones Financieramente Sostenibles, el cuarto en lo que va de legislatura. En esta ocasión, los 41 municipios de l´Horta -Paterna y Torrent se rigen por otro reparto por cuestiones de población- podrán mejorar espacios y servicios públicos en actuaciones que deberán ejecutarse antes del 31 de diciembre de 2019, y que podrán financiar obras ya realizadas desde el 1 de enero de este año.

El reparto de las subvenciones, según explica el diputado de Cooperación, Emili Altur, está establecido en una serie de criterios, de tal forma que «el 34% se concede por el valor marginal, o lo que es lo mismo la mera existencia como municipio, el 30% en función de la población, el 10% según la superficie y otro tanto en función del número de parados registrado, y otros parámetros como el coste de los servicios, la existencia de núcleos históricos o la adhesión al Pacto de Alcaldías, que mide la implicación de cada municipio con el medio ambiente».

Así, los municipios de l´Horta Sud recibirán 3,38 millones, mientras que los del Nord dispondrán de 3,31. El reparto por localidades queda así: Alaquàs 190.886 euros, Aldaia 218.589, Albal 174.250, Alcàsser 155.153, Alfafar 188.962, Benetússer 177.473, Beniparell 99.015, Catarroja 192.604, Llocnou de la Corona 83.400, Manises 201.022 euros, Massanassa 157.457, Mislata 206.283, Paiporta 190.365, Picanya 158.137, Picassent 199.863, Quart de Poblet 198.107, Sedaví 167.112 euros, Silla 180.125 y Xirivella 199.504.

En cuanto a las localidades de l´Horta Nord: Albalat 126.618 euros, Alboraia 200.803, Albuixech 117.411, Alfara del Patriarca 124.047, Almàssera 156.414, Bonrepòs i Mirambell 124.443 euros, Burjassot 198.109, Emperador 94.451, Foios 157.877, Godella 161.643 euros, Massalfassar 105.085, Massamagrell 177.050, Meliana 173.814, Moncada 207.383, Museros 144.926, la Pobla de Farnals 145.494 euros, Puçol 175.459, el Puig de Santa Maria 145.506, Rafelbunyol 159.404, Rocafort 135.330, Tavernes Blanques 158.748 euros y Vinalesa 120.623. Cabe reseñar que Torrent y Paterna quedan englobados dentro de la partida 2 millones de euros a repartir entre los cuatro municipios de más de 50.000 y los pueblos de València capital, lo que antes se conocía como pedanías.

Parques, jardines, turismo y luz

En cuanto al tipo de actuaciones que contempla este IFS, los ayuntamientos tienen libertad para decidir en qué obras se invierte el dinero. Este catálogo de obras y servicios incluye desde la mejora de redes de abastecimiento de agua y alcantarillado hasta la renovación de instalaciones deportivas, pasando por recogida y tratamiento de residuos, energía, iluminación pública, gestión del conocimiento, promoción turística, comercio, parques y jardines, ordenación del tráfico, equipamientos culturales, carreteras y caminos, protección del patrimonio e intervención en colegios de Infantil y Primaria.

La vicepresidenta, Mª Josep Amigó, ha reforzado esta idea al asegurar que "tres años después del cambio político, esta corporación ha consolidado una nueva forma de gobernar, basada en la justicia en el reparto de los recursos, la colaboración con la Generalitat, la gestión eficaz que fomenta la autonomía municipal y el fin del clientelismo".

Rodríguez ha destacado los resultados del estudio del IVIE sobre el primer IFS, que con 1.581 proyectos ejecutados en toda la provincia "tuvo un impacto económico de 148 millones de euros, más del doble de los 70 millones invertidos, y sirvió para crear o mantener 1.200 puestos de trabajo a tiempo completo y año". El presidente ha insistido además en la importancia de estas inversiones sostenibles a la hora de "cuadrar el círculo de la financiación local, dotando a los ayuntamientos de recursos suficientes para ejercer esa autonomía que hemos querido conceder a los alcaldes y alcaldesas".

La vicepresidenta coincide en que estos planes "sirven para paliar el déficit de financiación de nuestros pueblos y ciudades, que ha imposibilitado en muchos casos la prestación de servicios básicos de calidad". Amigó ha reivindicado esa justicia social por la que trabaja la Diputació y en esa línea de trabajo ha incluido el plan de Servicios y Obras Municipales (SOM), "que permite igualmente que el destino de las inversiones lo decidan los municipios, con los mismos criterios objetivos de reparto que el IFS".