A las 12 y a las 12.30 horas estaba previsto que declarasen la alcaldesa de Paiporta, Isabel Martín, y la edila de Seguridad, Beatriz Jiménez, en el juzgado N.º 2 de Torrent. Una comparecencia que no llegó a producirse ya que por motivos de agenda el juez encargado del caso tenía que ausentarse justo en ese periodo de tiempo. De esa forma comunicó a los abogados de las dos dirigentes de Compromís que serán citadas otro día y hora aún por concretar.

Martín y Jiménez estaban citadas por el proceso que afecta a la resolución firmada el 26 de enero de 2017 por la que se aprueba el Presupuesto General en la que se incluye la amortización de tres puestos de policía: una de inspector y dos de oficial. En este caso, el denunciante era el inspector, que sí declaró ante el juez, tras denunciar que el ayuntamiento, al pasarlo a segunda actividad, le adjudicaron una plaza de inspector de la administración general sin haber hecho ningún proceso selectivo. El pasado marzo el juzgado anulaba dicha resolución por considerar que «carece de motivación y es arbitraria», y por tanto, el inspector debía recuperar su plaza de policía algo que, argumenta, aún no ha ocurrido.

Tampoco declararon los tres policías que se quedaron sin plaza en una oposición de hace años y por la que fueron investigadas las dos edilas, aunque en este caso se archivó y no llegaron a declarar. El juez entendió que el caso estaba sobreseído y que hasta que la Audiencia Provincial no resuelva sobre el recurso interpuesto, él no puede abrir de nuevo el caso.

«No entendemos como se ha podido archivar una causa sin habernos tomado declaración, esperamos que la Audiencia Provincial acepte el recurso y se nos de la oportunidad de declarar nosotros y también poder citar a la alcaldesa y a la concejala para dar explicaciones», señalaba los policías presentes en el juzgado.

En este juicio también estaba citada Laura C. M.,la agente que consiguió la plaza por Turno de Movilidad., de la que tomó posesón en abril de 2015 tras aprobar el examen, renunciando a la que tenía en el pueblo de la Ribera Alta, y quedándose posteriormente sin trabajo al anularse las plazas. Sobre su caso en concreto no se ha pronunciado ningún juez y por tanto se mantiene abierto y no se descarta que también tengan que comparecer tanto Isabel Martín como Beatriz Jiménez como investigadas por supuesta prevaricación al iniciar el proceso de revisión de oficio de las bases de la oposición en una fecha muy posterior a que la sentencia adquiera firmeza.