El alcalde Paterna, Juan Antonio Sagredo, se ha encontrado con otra piedra en el camino. Si el munícipe socialista está citado a declarar como investigado por la adjudicación del contrato menor de la fiesta de Halloween, ahora la Fiscalía y la Agencia Valenciana Antifraude han abierto una investigación por el salario que está percibiendo una concejala no adscrita desde que abandonará el PP hace un año.
Todo arrancaba a finales de junio de 2017. M.ª Angeles Salvador abandona la bancada popular y pasa a ser edila no adscrita. La regidora era uno de los cuatro concejales del PP con dedicación exclusiva, a razón de 32.197 euros anuales, tal y como se aprobó en el pleno de julio de 2015. Salvador, pese a convertirse en tránsfuga, siguió percibiendo el mismo salario.
Dos semanas después de que el pleno diera conocimiento del trasvase de Salvador, la Oficina de Secretaría emitió un informe al respecto, donde advertía que «recientemente se ha retirado una de las dedicaciones concedidas en su días al grupo popular, sin que se haya especificado el apartado de los antedichos en el que se reubica». Asimismo, esta cuestión «ha de ser interpretada en esta comunidad autónoma bajo el prisma de lo señalado por el TSJCV, que niega la posibilidad de reconocer quehaceres y dedicaciones a concejales no adscritos si éstos conllevan un incremento de sus derechos políticos y económicos, respecto de su situación anterior, en coherencia con lo previsto en la Ley 7/1985». Por tanto, la Secretaria y el Oficial Mayor concluyen que «atendiendo al peculiar régimen con que este Ayuntamiento se ha dotado vía acuerdo plenario, los concejales no adscritos no podrían disfrutar de ninguna dedicación bajo la órbita de ningún grupo municipal».
El siguiente reparo, en agosto, lo formuló el área de Intervención al advertir al alcalde de la incidencia que supone que en la nómina «figure nuevamente la percepción de la retribución por dedicación exclusiva de una concejala que solicitó dejar su grupo (...) adquiriendo la condición de concejal no adscrita. A entender de esta Intervención el derecho a la percepción de dicha retribución cesó el 30 de junio, por lo que deberá iniciar un expediente de reintegro, siendo que la designación de la dedicación fue asignada al grupo al cual ahora no pertenece. No procede que se continúe con esta situación de hecho por la falta de pronunciamiento de los órganos competentes». En noviembre, el interventor volvió a reincidir en la irregularidad que a su parecer se estaba cometiendo.
Sagredo decidió en diciembre «regularizar» la situación ante «el escrito de observaciones formulado por el Jefe de Personal». El alcalde socialista firmó un decreto por el que refrendaba «los mismos derechos económicos y políticos» de los que disfrutaba Angeles Salvador desde el momento que dejó el PP. El dirigente sostenía en su argumentario que la concejala no lograba un lucro económico al abandonar el grupo popular, ya que «persiste exactamente la misma condición económica que le hubiese correspondido de haber seguido en el grupo de origen».
La Oficina de Secretaría remitió otro informe donde recordaba los reparos emitidos por Intervención respecto a las nóminas y aseguraba que la asignación del decreto de Sagredo «es una nueva dedicación, distinta de la que ostentaba bajo la órbita del grupo municipal Popular, cuyo otorgamiento exige una motivación» y que «deben justificarse los emolumentos en atención a tareas cuyo desempeño se le atribuye ahora, lo que, ha de ser justificado en el marco de los criterios de la jurisprudencia». Además respondía al alcalde, al considerar que la concejala ya tuviera un sueldo en el PP, el mismo que ahora, «no es suficiente pues no tiene en cuenta la necesidad de la previa existencia de un acto administrativo debidamente motivado en función de los quehaceres».
La situación derivó en una denuncia anónima que llegó tanto a la Fiscalía como a la Agencia Valenciana Antifraude. Ambas han abierto una investigación al comprobar «la existencia de indicios razonables de veracidad en los hechos comunicados», como que se regularizó mediante un decreto «una situación manifiestamente ilegal, con conocimiento de ello y manteniendo como perceptor del salario proveniente del erario público a quien no corresponde por no haber desaparecido la causa que motiva su concesión». Tanto la Agencia como Fiscalía ha remitido sendas comunicaciones al ayuntamiento reclamando toda la documentación relacionada con el caso.
