El ayuntamiento de El Puig de Santamaría es uno de los municipios implicados en la Operación Enredadera que investiga una trama de corrupción en la contratación de sistemas de control de tráfico a través de la empresa Aplicaciones GesPol S. L. en municipios de toda España. Así, el juzgado ha autorizado un requerimiento de documentación al consistorio de l'Horta ante agentes policiales por ser sospechoso en su implicación.
La alcaldesa de El Puig, Luisa Salvador, ha dicho esta mañana desconocer el fondo del asunto y ha afirmado que, hasta este mediodía, no se había personado ningún agente policial para solicitar la documentación necesaria entorno a este asunto.
El ayuntamiento valenciano formalizó un contrato el pasado 20 de octubre de 2017 de una duración de tres años para mantener el programa de GesPol (Gestión Policial) en la Policía Local del pueblo. El presupuesto por ejercicio es de 1.341 euros más IVA al año, por lo que la cuenta base para licitar el servicio es de 4.023 euros. Se adjudicó a la oferta más económica según el anuncio de formalización de contrato municipal.
Los servicios contratados desde el ayuntamiento de El Puig a la empresa Aplicaciones GesPol incluye la atención telefónica de la Policía Local del municipio, un sistema de tele asistencia, correo electrónico y asesoramiento tecnológico.
En este sentido, fuentes municipales aseguraron que la relación de la empresa con el ayuntamiento se remonta a hace 25 años y que la firma consumada el año pasado corresponde a una continuidad de contrato. "Es el sistema estándar de gestión informática policial que se utiliza en toda la comarca", han detallado las mismas fuentes. Asimismo, desde el consistorio creen que el requerimiento de presentar documentación viene motivado por la renovación del contrato del pasado octubre pero "no tiene nada que ver con ninguna trama de corrupción" y "no formamos parte de los ayuntamientos investigados por semáforos", han concluído.
