A la investigación abierta por prevaricación por el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Paterna contra el alcalde Juan Antonio Sagredo y dos ediles de su partido (Nuria Campos y Julio Fernández), por la adjudicación del contrato menor para la fiesta de Halloween de 2017, el PP ha ampliado la denuncia en la que considera que el dirigente socialista también podría haber incurrido en un delito de tráfico de influencias y apunta que se «troceó» el contrato del evento.
El alcalde Sagredo debía haber declarado como investigado por prevaricación el lunes 11 de junio. Finalmente su comparecencia fue aplazada, precisamente por la nueva documentación que el PP de Paterna, personado como acusación, aportó al juzgado días antes. Fueron los populares los que en noviembre de 2017 comunicaron a la Fiscalía que la junta de gobierno local aprobó la adjudicación del contrato de 17.500 euros la víspera del 31 de octubre, pese a los reparos que la Secretaría había mostrado respecto al expediente.
Fiscalía abrió una investigación que derivó en la declaración como testigos de los cuatro concejales del PP que firmaron el documento trasladado al ministerio público. También testificó la secretaria. El juzgado de Paterna, tras examinar testimonios y pruebas, citó como investigados a Sagredo, Campos y Fernández, para el lunes 11 de junio. El problema es que el PP presentó días antes una ampliación de la denuncia y el juez aplazó la comparecencia para nueva fecha.
En el escrito, los populares sostienen que el expediente de contratación se inició el 8 de septiembre «por lo que no hay razón que justifique la aprobación in extremis de la adjudicación» ya que «existía tiempo más que suficiente». Además, comunican al juez que de «entrada, se observa que se fracciona el objeto del contrato en diferentes prestaciones» aunque «presentan una unidad operativa o funcional». El montante total del evento ascendía a 47.111 euros, incluyendo ambulancia, seguridad, carpa, producción conciertos, vallas o las actuaciones.
A los trabajos de producción e infraestructuras se presentó la firma Espectáculos y Producciones Más por un importe de 17.500 euros, «cercano al máximo permitido como contrato menor». Fue la adjudicataria, aunque, según la documentación que aporta el PP al juzgado, «para desarrollar unas mayores prestaciones, como la del alquiler de la carpa -presupuestado inicialmente en 6.000 euros- o personal de carga y descarga». Según la denuncia de los populares, esto acredita que los diferentes trabajos y servicios «en los que se troceó el objeto del contrato podrían haber sido agrupados al menos en estos tres apartados (carpa, producción e infraestructuras)» y que «existe un interés de la administración contratante de mantener el importe del contrato por debajo del contrato menor para evitar la aplicación de las normas de publicidad y concurrencia».
En el expediente de contratación de la fiesta de Halloween «no consta», según el PP, «cómo se requirieron los presupuestos iniciales, si se hizo por correo electrónico o por teléfono, ni a qué empresas se invitó, ni el criterio para escogerlas, ni el modo en el que llegaron al expediente los diferentes presupuestos presentado, ya que carecen de sello de registro de entrada o correo electrónico que acredite la fecha de remisión».
En octubre de 2017, el concejal de Juventud, José Manuel Mora, solicita sendas reservas de crédito para atender los gastos «en los que se troceó» el evento. En total, sumaban 21.780 euros, «superando en mucho el contrato menor» por prestaciones «que puede realizar una misma empresa».
Una semana más tarde, con el dinero ya consignado, se decide solicitar nuevos presupuestos a tres empresas con «indicación de que los trabajos a realizar en un mismo lote y no por partes como se había hecho anteriormente», y que «no debía sobrepasar los 17.900 euros», límite del contrato menor. Lo curioso es que la petición de ofertas se realizó por correo electrónico el 25 de octubre a las 14.44 horas, fijando el periodo máximo de presentación para ese mismo día a las 12 horas. «Difícilmente las empresas pueden cumplir el plazo, salvo que la alguna empresa tuviera ya conocimiento previo». Se invitó a tres firmas. Una lo rechazó, otra fue superior al tope de dinero y la adjudicataria final. En este sentido, el PP aporta dos detalles. La firma que rehusó presentarse al proceso, está administrada por un hombre que comparte otra sociedad con el marido de la concejala Nuria Campos. «Su presentación y posterior renuncia no es más que un paripé orquestado», denuncia el PP. Además, apuntan que el administrador de la adjudicataria ganadora y la pareja de la edila Nuria Campos, son amigos y socios en otra mercantil.
