En una de las calles que lindan con la huerta de Alboraia, un centro ocupacional de la Generalitat abre cada mañana para ofrecer actividades a personas con discapacidad. En el patio interior, alumnos y alumnas hablan alrededor de una mesa y en las aulas, realizan, concentrados, sus tareas remuneradas. Se trata de «Pas a Pas», uno de los cinco establecimientos de atención a personas discapacitadas que dependen del Consorcio Comarcal de Servicios Sociales de l'Horta Nord, junto al Centre Ocupacional y Centro de día Reina Sofía y los dos centros de estimulación temprana de Alboraia y Massamagrell para menores con diversidad funcional.
Todos ellos esperan la subvención de 2018 de la Conselleria de Igualtat i Polítiques Inclusives, una ayuda necesaria que se resolvió a finales de mayo, que no llega y que asciende a 1.988.950 euros. Un dinero que el Consorcio gestiona para el funcionamiento de los centros y que es «absolutamente necesario»- según una delegada sindical del ente comarcal- para sobrevivir.
Esta situación ha llevado al Consorcio a remitir una carta a la vicepresidenta del Consell y responsable de este área, Mónica Oltra, y exigir que se abonen las subvenciones aprobadas el pasado 31 de mayo. «De acuerdo con el calendario de la resolución, el 35% de la subvención debía de haberse abonado el 31 de mayo, un 15% antes del mes de junio y otro 15% antes de agosto», detalla el consorcio en la carta. «Sin embargo, todavía no hemos visto un duro», apuntan miembros del mismo. Susanna Puchades, una de las delegadas sindicales del consorcio y trabajadora de «Pas a Pas» explica que «aunque nos han ido contestando por redes sociales, son todo palabras. Dicen pero no hacen». Las consecuencias de la tardanza de las subvenciones se traducen en retrasos en el pago de nómina de los trabajadores y limitaciones a la hora de realizar actividades. De hecho, los empleados llevan un mes sin cobrar su sueldo. «Llevamos un mes sin cobrar, esto no puede normalizarse porque no es normal», explica Puchades. «Hasta ahora hemos estado viviendo de los recursos internos del Consorcio, pero eso ya no es posible. Necesitamos que la conselleria nos pague lo que nos aprobó», añade. Además, «no podemos acceder a materiales u organizar excursiones porque no hay dinero».
Este testimonio se repite conforme se cruzan las puertas de entrada de los demás centros de l'Horta Nord. Lola Sánchez es delegada sindical en el Centro de Estimulación Temprana de Alboraia y explica que «lo único que pedimos es que si hay un calendario de plazos que se cumpla y si no se hace, se den las explicaciones pertinentes».
El Consorcio Comarcal de Servicios Sociales de l'Horta Nord atiende a las personas con discapacidad de 21 municipios a través de los cinco centros especializados públicos que dependen de la financiación de la Conselleria de Igualtat i Polítiques Inclusives.
«Pas a Pas», en Alboraia, cuenta con 54 alumnos que acuden cada día a su puesto de trabajo y realizan tareas para una subcontrata. «Ellos saben qué es tarea seria y que cobrarán un jornal por ello», apunta Puchades. Sin embargo, al igual que los nueve trabajadores del establecimiento públicos, los alumnos con discapacidad tampoco han cobrado este mes. «Has de explicarles que recibirán remuneración por los trabajos manuales pero que tardará un poco».
«¿Se sabe algo del dinero?»
El Centre Ocupacional Reina Sofía de Massamagrell, que atiende a 40 personas con diversidad funcional, se enfrenta también a este problema. Francesc Josep Martínez, el director, cuenta la situación de malestar que se vive ahora en las aulas. «Ellos cobran todos los meses, sin embargo el mes pasado no recibieron remuneración y están muy alterados». Martínez relata que cada día escucha la misma pregunta: «¿Se sabe algo del dinero?». «Se trabaja con fastidio, ya que ellos están acostumbrados a cobrar la semana siguiente a la entrega de la facturación a la empresa», dice. El nerviosismo de los alumnos se traslada también a los monitores y trabajadores, que continuan a la espera de la paga del mes de junio y la extra de verano. «No podemos dejar de ir a trabajar, nos debemos al servicio que prestamos», explica Martínez. Además, añade, «tenemos que guardarnos el malestar y la incertidumbre sobre los sueldos para nosotros ya que cara a los alumnos no podemos mostrar nuestro enfado, sino el ambiente de trabajo sería mucho peor», afirma el director.
No es la primera veces que los centros públicos sufren demora a la hora de recibir ayudas económicas. «Siempre nos ha pasado esto, pero desde el inicio de esta legislatura todo iba bien», explican. Una situación que ven «injustificable». «No nos cabe en la cabeza que haya trabajadores sin cobrar por el trabajo que realizan, eso no puede pasar», sentencian.
