El plan general vigente de Godella se aprobó en julio de 1990. En aquel reparto de suelo se determinó que el consistorio debería adquirir miles de metros cuadrados para zonas verdes y dotacionales. La única forma de hacerlo era mediante expropiación. De ahí surgieron las famosas sentencias del Parc de la Devesa (con el pago a las religiosas de 8,2 millones de euros tras un largo litigio) y del Bovalar (más de tres millones a Edifesa). Pero el ayuntamiento sigue pendiente de adquirir varias parcelas que podrían suponer otros nueve millones.
Por ello, el consistorio lleva años trabajando en un nuevo PGOU que solucione el callejón sin salida en el que se encuentra. Así, el documento ya perfilado y que el consistorio pretende llevar y aprobar por pleno a finales de año, distribuye las dotaciones pendientes de adquirir desde hace más de 25 años, habilitando mecanismos de gestión urbanística que permiten la viabilidad de su obtención.
Es decir, el ayuntamiento logrará suelo para zona verde y dotacional, pero ofreciendo a sus propietarios jugosas ventajas, como aumentar la edificabilidad de su terreno residencial, para evitar que estos dueños inicien un proceso de expropiación forzosa. Cabe señalar en este sentido, que existe una prórroga de la Generalitat que frena estas expropiaciones y que concluye el 31 de diciembre. De ahí que la alcaldesa Eva Sanchis resalte la «importancia de contar con los votos necesarios para dar luz verde a la modificación antes de concluir el año».
La modificación del PGOU que se pretende acometer afectará a 9 ámbitos: la zona urbana junto al cementerio, el Bovalar, el Barranquet (parcela pendiente de construir), la parcela de servicio público de la carretera de Rocafort esquina con Obispo Amigó, la zona de la Quartella, el bosque de la Devesa, Ermita Nova, el barrio de Conxeta y los sectores 25 y 26 junto al centro militar Reina Sofia.
La modificación no reclasifica más suelo urbano o urbanizable del previsto en 1990, únicamente afecta a algunas áreas urbanísticas pendientes de desarrollar desde entonces. Pero al aumentar la edificabilidad si crecerá el número de viviendas previstas en el antiguo plan, pasando de esas 1.012 iniciales a las 1.448 cuando todos los sectores estén concluidos, circunstancia para la que pueden pasar años. En este sentido, el documento establece que el 30% de las casas de cada sector deben ser públicas, y dentro de esa franja el 50% para alquiler.
Participación de entidades
El equipo de gobierno defiende que es una modificación «necesaria y respetuosa con nuestro territorio» y «ajustada a la realidad que presenta Godella en la actualidad». Además, apunta al «alto consenso» logrado con colectivos y entidades que han aportado propuestas y han sido aceptadas, también grupos municipales como Esquerra Unida o Canviem entre Tots. Además, destacan que el documento es «sensible con los problemas de inundabilidad» que sufre el municipio, obligando a que cuando se desarolle un sector se dote de «sistemas urbanos de drenaje sostenible» para evitar aumentar el caudal que recoge el Barranc dels Frares.
