Enterrar el hacha de guerra y comenzar de cero. El conflicto entre los amarristas del puerto de Port Saplaya de Alboraia y el ayuntamiento, que lleva arrastrándose ya un año, está cada vez más cerca de llegar a su fin. El juzgado ha archivado las querellas que interpusieron los propietarios de los barcos amarrados en la dársena alboraiense contra la empresa pública Egusa (Empresa de Gestión Urbanística y Servicios), un documento que da la razón al consistorio en parte de la batalla.
A partir de ahora, todo apunta a que la comunicación y coordinación entre ambas partes irá mejor y que, como tras cada tormenta, viene la calma. El problema comenzó el pasado agosto cuando, al acabarse la concesión que tenía el consistorio desde hacía 30 años, la institución local pasó a tener autorización para gestionar la dársena. Al mismo tiempo y como consecuencia, los usuarios de los amarres pasaron a ser arrendados. Un cambio en las condiciones marcadas por conselleria hizo, además, que las cuotas aumentaran.
Toda esta coyuntura provocó un malestar en los usuarios del puerto de Saplaya que vieron «una injusticia» los cambios que iban a sufrir y se «rebelaron» contra el ayuntamiento,negándose a pagar las cuotas así como contra Egusa y contra el presidente de la empresa pública, Agustín Marí, contra quien llegaron a poner una querella por coacciones e injurias ante el juzgado número 4 de Moncada, que ahora ha sido desestimada y archivada.
«Los amarristas iniciaron procedimientos judiciales porque no estaban de acuerdo con los nuevos pagos. Ahora han archivado esas denuncias. Si quieren recurrir tendrán que hacerlo con un contencioso administrativo», explica Marí. Un año después, «se está normalizando la situación. De los 180 barcos que hay amarrados en el puerto, solo son 10 los que no tienen el servicio activo y estamos a la espera de que tomen la decisión de pagar, y a los que no lo han hecho, se les ha reclamado el pago por vía ejecutiva», aclara Agustín Marí.
Además, desde el gobierno municipal, explica el presidente de Egusa, «queremos volver a tener la concesión del puerto deportivo, que saldrá en breve y a la que nos postularemos». Asimismo, consideran «un error» que los amarristas hayan actuado «de esta forma» por lo que opinan que, a partir de ahora, «todos debemos remar en la misma dirección y colaborar».
En la actualidad, y desde el fin del contrato el verano pasado, Egusa actúa en Port Saplaya como «autorizado» aunque apunta que cuando salga la concesión «el ayuntamiento peleará por ella» porque, dicen, es importante que la actividad que se haga en Saplaya sea pública y esté gestionada por la institución local. «Cuando tengamos la concesión tendremos que ver y pactar con los ahora inquilinos amarristas qué tipo de gestión hacemos y como nos coordinamos», ha explicado Agustín Marí.
Por otra parte, desde Egusa han anunciado que buscan diversificar la actividad de la dársena y potenciar otros servicios. «Queremos fomentar el alquiler de amarres para motos acuáticas además de las que ya disponemos para barcos», ha añadido el presidente de la mercantil pública.
