La Fiscalía de València ha archivado, por tercera vez, una denuncia de Esquerra Unida de Aldaia referente a la gestión municipal socialista. En este caso, la Fiscalía considera que en el caso de las gratificaciones extraordinarias a funcionariado, si bien hubo irregularidades, no existe delito de prevaricación . «No bastan que la misma sea contraria a derecho, ya que el control de la legalidad administrativa corresponde al orden contecioso-administrativo, mientras que para que sea constitutivo de delito como pretende el denunciante, se requiere que la resolución sea injusta, lo que supone un plus de contradicción con el derecho».

Para el portavoz de Esquerra Unida, Juanjo Llorente, «esta renuncia de la fiscalía a actuar resulta, sin duda, subjetiva y discutible, ya que postula, como muestra el texto citado, que incumplir la ley no es injusto a ojos de quien lo valore.». El edil añade que la Fiscalía «parece ignorar que estamos hablando de un monto dinerario importante que cada mes destina el gobierno socialista a gratificar casi a las mismas personas (en torno a 30.000 euros de media) y que la oficial mayor del Consistorio informa desfavorablemente».

Por ello, el edil denuncia «la inexistencia de mecanismos jurídicos eficientes para sancionar el incumpliento en los ayuntamientos de la legislación y normativa básicas» lo que «favorece la corrupción y el nepotismo institucionale».

Ya en el plano municipal, para Juanjo Llorente «resulta inasumible que el gobierno socialista retribuya tan injustamente al personal municipal» ya que en 2017 5 altos funcionarios percibieron en torno a los 60.000 euros, por ejemplo.