El juzgado de primera instancia número cuatro de Torrent ha desestimado la demanda que interpuso contra la concejala de Seguridad del Ayuntamiento de Paiporta, Beatriz Jiménez, un inspector de Policía Local envuelto en otros dos pleitos con el consistorio. En la demanda, tramitada en mayo de 2017, el agente reclamaba 6.000 euros a la edila «en ejercicio de la acción de tutela del derecho al honor». La audiencia previa de las dos partes se celebró en febrero de este año sin que hubiera acuerdo.

El denunciante alegaba que, a causa del proceso sobre la amortización de su plaza en el consistorio y el rechazo de sus alegaciones, «fue tratado por transtorno depresivo reactivo al conflicto laboral» por lo que reclamaba de la edila la indemnización de 6.000 euros por «daños morales». Según la sentencia, la concejala negó que se hubiera producido «un enfrentamiento personal entre ambos» y recalcó que, en sus alegaciones, el policía reprodujo artículos de la legislación inexistentes «considerando inaceptable que un inspector de la Policía Local desconozca el contenido de dicha norma».

En el proceso, el Fiscal ha considerado que la intervención de la edila en el pleno en que se desestimaron sus alegaciones «pudiera tacharse de falta de educación» pero «no resultó de entidad tal que conllevara un ataque al derecho al honor». Por esta y otras razones, el juez absuelte a Beatriz Jiménez.

Con todo, la edila tendrá que acudir hoy al juzgado con la alcaldesa Isabel Martín, ya que ambas tienen que declarar por otro proceso, en este caso de carácter administrativo, que se deriva de uno anterior, y por el que se investiga tanto la amortización de la plaza del mencionado inspector de Policía Local como un posible acoso laboral en el proceso. La decisión del cambio en las funciones del agente se decidió «en base a la ley», tras pedir él mismo pasar a segunda actividad, aunque luego se desdijo de su solicitud.

De forma paralela, los tribunales investigan un tercer caso relacionado con este policía, a raíz de la querella criminal que la alcaldesa, Isabel Martín, ha interpuesto por «delitos de falsedad documental y estafa procesal». La mandataria denuncia que el mencionado inspector de Policía Local ha utilizado en los otros procesos judiciales una «falsa» providencia de la concejala Jiménez y un «falso» informe técnico municipal para avalar sus argumentos.