No hubo acoso laboral ni tampoco se vulneró la ley a la hora de tramitar la amortización de la plaza de un inspector de la Policía Local de Paiporta. Esta es la versión que ayer defendió la alcaldesa de la ciudad, Isabel Martín, ante el juez, que la había citado a declarar por la denuncia del agente, derivada de un proceso judicial anterior. La mandataria testificó ayer en Torrent, al igual que el secretario municipal del Ayuntamiento de Paiporta, pero no lo hizo la concejala de Policía, Beatriz Jiménez, que también esta citada, por falta de tiempo.

Ambas mandatarias están acusadas por el mencionado inspector de haber realizado de forma irregular la amortización de su plaza de policía al pasarlo a segunda actividad (el expediente se inició a petición suya aunque posteriormente decidió anular la solicitud pero el cambio siguió adelante) y también de haber ejercido sobre él presuntamente acoso laboral que le provocó una baja médica que aún mantiene en la actualidad. El caso se deriva de otro anterior que iniciaron tres agentes de Policía contra las dos edilas por el caso de la oposición (que fue archivado en primera instancia y recientemente por la Audiencia provincial), al que luego se sumaron otros dos policías, uno de ellos el inspector.

Respaldo de Compromís

A su llegada al juzgado de Torrent, las dos edilas fueron recibidas por medio centenar de militantes, simpatizantes y cargos públicos de su partido, de distintos municipios, entre los que estaban representantes de su equipo de gobierno. También acudieron el alcalde de Xirivella, Ricard Barberà, tres ediles de Torrent (pau Alabajos, Víctor Medina y David Baviera) así como la concejala de Burjassot, Lluna Àrias, entros otros. El grupo pretendía ofrecer el respaldo a Martín y Jiménez, en este proceso, especialmente porque circulaba en las redes sociales alguna convocatoria contraria similar a la que se realizó en las fiestas mayores para abuchearla, en la que participaron representantes de la formación de ultraderecha España 2000. Precisamente esta amenaza es la que provocó que la Policía Nacional desplazara hasta la puerta del juzgado a una decena de agentes.

Martín y Jiménez llegaron a la sede judicial media hora antes de su citación, cuando estaba declarando el secretario municipal. Fuentes del caso indican que el alto funcionario defendió que el expediente que afecta a la amortización de la plaza del inspector de Policía Local se ajustó a la legislación, además de dar los detalles de las condiciones laborales que tiene ahora.

Por su parte, las mismas fuentes han indicado que la alcaldesa mantuvo en su declaración que nunca se ha producido acoso laboral sobre el agente y que el consistorio «ha sido escrupuloso» en el cumplimiento de la ley en este caso. Además, defendió que todo el proceso que ha afectado a la oposición policial (convocada en la etapa del Partido Popular y que posteriormente anuló una sentencia) tuvo durante su etapa de alcaldesa los informes favorables de los técnicos municipales y el dictamen del Consell Jurídic Consultiu, además de que la denuncia sobre ese caso ha sido archivada.

El inspector de Policía que interpuso la denuncia estaba citado también pero no acudió a declarar por encontrarse indispuesto, por lo que será citado con posterioridad. Y la concejala Beatriz Jiménez también tendrá que esperar una nueva fecha para declarar. Cabe recordar que la testificación de ayer se produce meses después de la fecha inicial, que fue suspendida ese mismo día por un problema de agenda del juez.