De forma paralela al desarrollo de este caso, el jugado tramita una querella criminal de la alcaldesa Isabel Martín contra el agente porque presuntamente utilizó un informe municipal falso y una providencia municipal falsa para avalar sus argumentos ante los tribunales. Además, el inspector interpuso una demanda civil contra la edila de Policía Beatriz Jiménez por la que le reclamaba 6.000 euros por daños por daños morales y ataque a su derecho al honor (en referencia a tuvo que ser tratado por «trastorno depresivo»), que ha sido recientemente archivada.
