El inspector acusado de utilizar un informe municipal presuntamente falsificado en una denuncia contra la alcaldesa de Paiporta, Isabel Martín, tiene que declarar hoy asistido por un abogado. El juzgado de instrucción número 9 de València le ha citado a declarar a través de un documento en el que le advierte "de la obligación que tiene de concurrir a este primer llamamiento".

Su declaración ante el juez, como se indica en la citación, se realiza en virtud del procedimiento incoado en ese juzgado a raíz de la interposición por parte de la alcaldesa de una querella por presunta estafa. En el documento se le insta a acudir con abogado y procurador, a no ser que con tiempo "suficiente" haya solicitado uno de oficio.

El asunto tiene que ver con un caso anterior por el que el inspector de Policía interpuso una denuncia contra la alcaldesa Isabel Martí y la concejala Beatriz Jiménez, ambas de Compromís, por el proceso de amortización de su plaza de policía para cambiarle de destino, tras una petición del propio agente de la que luego desistió. A aquella denuncia, el inspector sumó la de presunto acoso laboral, ya que alegó que todo el proceso había motivado que tuviera que coger la baja médica.

Este caso, que se investiga en un juzgado de Torrent, provocó que hace unas semanas tuviera que acudir a declarar la alcaldesa y también la edila, cuya testificación tuvo que suspenderse por falta de tiempo y aún está pendiente. Ese mismo día tenía que acabar su declaración en policía ya que en una sesión anterior en la que testificaba, se paralizó el proceso por un problema de agenda del juez. Pero el agente no se presentó en el juzgado, alegando un problema de salud.

Al estudiar la denuncia de este policía, los servicios jurídicos de ambas edilas detectaron que se había hecho uso de dos documentos municipales presuntamente falsos, un informe técnico de la funcionaria responsable del proceso de amortización de la plaza y una providencia de la concejala Jiménez. Al comparar los documentos de la denuncia con los que obraban en el expediente municipal, detectaron que "erab falsos o estaban manipulados".

De ahí que la mandataria Martín acudiera al juzgado a interponer la querella por considerar este uso de documento supuestamente falso una infracción grave por parte de un policía, y más cuando había sido utilizado para impulsar un procedimiento judicial por el cual ella había tenido que ir a declarar.